Airbnb elimina 65.000 pisos turísticos ilegales y Consumo identifica otros 55.000
Consumo logra que la plataforma retire miles de anuncios que no cumplen la normativa e identifica otras 55.000 páginas sin número de registro
El Gobierno abre expediente sancionador a Airbnb por negarse a eliminar miles de pisos de alquiler turístico sin licencia
El Ministerio de Consumo ha anunciado este miércoles que Airbnb ha retirado los 65.000 anuncios por los que el Gobierno tiene abierta desde hace meses una disputa con la plataforma, que se negaba a eliminarlos. El departamento que dirige Pablo Bustinduy había abierto incluso un expediente sancionador contra la compañía, que sigue su curso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado el lunes, durante su balance del curso político, que su gabinete había logrado que Airbnb eliminase estos anuncios. De hecho, tras meses de tensión con Consumo y de haber recurrido a los tribunales, la plataforma llegó la semana pasada a un acuerdo con Vivienda para cumplir la nueva normativa, que obliga a los alojamientos turísticos o de alquiler temporal a contar con un número de registro para poder anunciarse.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había avalado en dos ocasiones los requerimientos de Consumo, en una primera tanda de 5.800 pisos, ubicados en Madrid, Andalucía, Catalunya, Euskadi, Valencia y Balears. La compañía retirará finalmente los 65.000 anuncios que había identificado Consumo.
Al margen de estos, la Unidad de Análisis de Consumo ha detectado otros 54.728 anuncios sin el número de registro obligatorio desde este 1 de julio. “El Ministerio que dirige Bustinduy dará traslado de la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente, con el fin de que los anuncios sean eliminados o subsanados de la plataforma”, indican desde este departamento.
Además, señalan que esta unidad “va a continuar trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos” para “garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”.
Precisamente, Consumo mantiene abierta otra investigación contra los grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, como hacerse pasar por propietarios particulares cuando son profesionales, falsear las reseñas o ofrecer como servicios extra o incluidos en el precio derechos que otorga la legislación. Además, el equipo de Bustinduy investiga a varias inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales y ha abierto un expediente sancionador contra Alquiler Seguro por estas posibles prácticas.