¿En qué consiste el delito de prevaricación por el que se investiga al fiscal general del Estado?: el cerco judicial a García Ortiz
El Tribunal Supremo (TS) respaldó ayer la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta 6 años de cárcel, por la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
Por ello, la Sala de Apelación, conformada por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, pero por mayoría, ya que Palomo ha emitido un voto particular.
En cambio, han estimado por unanimidad el recurso de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que levanta el procesamiento, por lo que queda fuera de la causa y sitúa al fiscal general del Estado a un paso del banquillo.
¿Qué es el delito de prevaricación del que se le acusa?
La prevaricación es un delito que comete una autoridad o funcionario público cuando dicta una resolución manifiestamente injusta, sabiendo que lo es. Esta práctica se trata de una conducta dolosa, es decir, realizada con conocimiento y voluntad de actuar de manera contraria a la ley y a los principios de Justicia.
Así, este delito se da, por ejemplo, cuando un juez o un funcionario adopta decisiones arbitrarias que perjudican a una persona o favorecen a otra sin base legal, por motivos personales, políticos o de cualquier otra índole ajena al derecho.
En el caso español, este delito está regulado en el Capítulo I del Título XIX del Código Penal, donde se establecen penas de inhabilitación para empleo o cargo público, y en casos más graves, penas de prisión.
En este sentido, la prevaricación pone en riesgo el principio de legalidad y el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, ya que supone una traición al deber de actuar con imparcialidad y respeto a la ley por parte de quienes ejercen el poder público.