El Supremo rechaza todas las querellas de la extrema derecha contra Pedro Sánchez y el Gobierno por la dana
La Sala de lo Penal entiende que ni el Presidente ni seis ministros deben responder por las más de 200 muertes provocadas por las riadas y recuerda que un juzgado de Catarroja ya investiga a varios responsables de la Generalitat
La jueza de la dana arremete contra el informe de la Guardia Civil que señalaba a la Confederación del Júcar: no hubo apagón informativo
El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa penal contra Pedro Sánchez y seis ministros por las más de 200 muertes que dejó la dana, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en octubre del año pasado. Los jueces desestiman varias denuncias y querellas, algunas presentadas por partidos políticos como Vox y otras organizaciones de extrema derecha, y recuerdan que un juzgado de Catarroja ya está investigando a altos cargos de la Generalitat por la vía penal sin que haya indicios contra cargos del Gobierno central.
Las querellas y denuncias fueron presentadas por algunas de las organizaciones vinculadas a la extrema derecha que habitualmente ejercen la acusación popular en causas relacionadas con el Gobierno, o que interponen querellas de forma habitual contra miembros del ejecutivo. Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y HazteOir, entre otros. Querellas que acusaban al ejecutivo de delitos de prevaricación, omisión del deber de socorro o también homicidio imprudente.
La Sala de lo Penal recuerda lo que ya dijo en 2020 cuando se presentaron medio centenar de denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus: ocupar un puesto de responsabilidad no puede significar la imputación automática de un alto cargo o miembro del ejecutivo. En este caso, acusaban al ejecutivo de no haber declarado el estado de alarma, no limpiar los cauces que se desbordaron o no activar a tiempo la Unidad Militar de Emergencias.
El Supremo explica que “en ningún caso” se pueden atribuir responsabilidades penales a un ministro o al Presidente del Gobierno “por el mero hecho de la posición o cargo” que ostenta, “por muy alto que sea”, como pretendían Vox y el resto de organizaciones de extrema derecha. Además, a finales de diciembre otra sala, de lo Contencioso-Administrativo, rechazó una demanda por inactividad contra el ejecutivo.
El caso, zanjan los magistrados, está siendo investigado por una jueza de Catarroja, que será la que tenga que enviar el caso de algún aforado ante el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana o el Supremo, algo que por ahora no ha sucedido, tampoco en el caso de Carlos Mazón, presidente valenciano. Vox, Manos Limpias y el resto de organizaciones de extrema derecha han lanzado acusaciones contra el Gobierno de un modo “abstracto”, sn describir conductas concretas que poder atribuir a cada ministro, y por tanto que “resultan inexorablemente destinadas al archivo”.