¿Qué pasa si el fiscal general no dimite tras ser imputado?
LA RAZÓN ha hecho una encuesta entre miembros de la Judicatura y del Cuerpo de fiscales, y hay coincidencia en señalar que la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya no es solo una cuestión de ética personal, sino que lo que está en juego es la salvaguarda de la independencia y de la credibilidad del sistema judicial español.
En ese sentido, apuntan al problema de la deslegitimación del Ministerio Fiscal en un momento en el que la Justicia es percibida por el ciudadano como un campo de batalla político. Mantener al frente de la Fiscalía a una figura bajo investigación penal alimenta la idea de impunidad y doble vara de medir. Si no da un paso al lado, su autoridad queda debilitada ante sus subordinados y ante la ciudadanía.
No pasan por alto, además, el impacto de esta situación en la percepción internacional de la Justicia española. El Consejo de Europa y la Comisión Europea vienen advirtiendo sobre la necesidad de reforzar la independencia judicial en España. Un fiscal general imputado es un motivo seguro de preocupación en Bruselas y de interés para los próximos informes sobre el funcionamiento del Estado de Derecho.
Su continuidad en el cargo agrava el choque con la judicatura. Un fiscal general del Estado está obligado a creer plenamente en el funcionamiento de la Justicia y él ya ha sembrado dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo.
Además, no menos importante es la dimensión política. El Gobierno cree que mantenerlo en el cargo, y blindarle políticamente, es una manera de ganar tiempo, a la espera de que sea absuelto y esto les sirva para poder esgrimir que el resultado prueba que, como ellos dicen, había una operación política y judicial de la derecha detrás de la causa abierta en su contra. Pero, al margen de la presunción de inocencia y de las críticas al proceso, las dudas sobre el fiscal general del Estado erosionan la imagen misma de la Fiscalía General del Estado y tienen también un coste reputacional sobre la imagen del Gobierno. Esto enlaza con la consecuencia más grave que detectan: el desgaste creciente de la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Si quien debe velar por la legalidad permanece aferrado al cargo, pese a estar imputado, ¿qué mensaje se lanza a la sociedad sobre dónde está el nivel de ejemplaridad?