Boluarte entre la impunidad y servilismo
La presidenta Dina Boluarte arremete contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Dicho acto confirma la ruta de sometimiento a la coalición autoritaria que controla el Congreso y que parece haberle dado sentido —y utilidad— a su permanencia en el poder.
En otras palabras, su respaldo —en forma de bravata— a la ley de amnistía que favorece a violadores de derechos humanos no es en sí mismo una convicción aislada, sino un intento desesperado por seguir siendo funcional a la alianza parlamentaria que la sostiene en el Gobierno.
A diferencia de su silencio antes de la convocatoria de elecciones generales del próximo año, la mandataria, cada vez con más agresividad, manifiesta la agenda que bancadas que han cogobernado con ella plantean desde que empezó este régimen. Entre ellas está, por ejemplo, la denuncia del Pacto de San José y el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Boluarte, al rechazar públicamente las observaciones de la Corte IDH y al invocar una supuesta defensa de la soberanía nacional, no hace más que replicar el guion de regímenes como los de Nicaragua y Venezuela.
En esos países, la retórica de la “no injerencia” ha sido el disfraz con el que se han perpetrado crímenes de Estado, se han cerrado espacios democráticos y en donde se ha institucionalizado la impunidad.
La presidenta peruana se acerca cada vez más a ese libreto, con un lenguaje que desconoce los compromisos internacionales firmados por el Estado y que busca erosionar, paso a paso, los contrapesos que aún resisten en la débil arquitectura institucional del país.
Este ataque a la Corte IDH no es un hecho aislado. Se suma a las declaraciones del presidente del Congreso, José Jerí, a favor de la pena de muerte incluso si implica salir del sistema interamericano, y a la propuesta del premier Eduardo Arana de “evaluar” la permanencia del Perú en la Convención Americana.
Todo ello forma parte de una estrategia coordinada para consolidar un cogobierno autoritario. El objetivo es cerrar el camino a la justicia, acallar las denuncias internacionales y asegurar el control total del Estado antes de las elecciones de 2026.
La comunidad internacional y los ciudadanos deben estar alerta. Lo que está ocurriendo en el Perú no es una disputa jurídica, sino una ofensiva política contra el sistema democrático y los derechos humanos.
Lo que se busca no es otra cosa que blindar a quienes cargan con responsabilidad por las masacres recientes, y pavimentar el camino a un régimen donde la impunidad se normalice.