Código Penal: Un avance perfectible
Por Félix Portes
La reciente aprobación del nuevo Código Penal por parte del Congreso Nacional constituye, sin duda, un paso importante en la modernización del marco jurídico dominicano. Luego de más de 140 años de vigencia, el viejo código de 1884, una norma anacrónica e incompleta, finalmente cede espacio a una legislación más acorde con los tiempos actuales.
El nuevo texto introduce reformas necesarias, muchas de ellas largamente reclamadas por la sociedad. Por primera vez, el feminicidio es tipificado como un delito autónomo, con penas de hasta 40 años de prisión. Asimismo, se penaliza la violencia intrafamiliar de forma expresa y se consagra el principio de que el consentimiento sexual no se presume, ni siquiera dentro del matrimonio, reconociéndose la violación conyugal como una forma de agresión sexual.
También se fortalecen los mecanismos para enfrentar la corrupción administrativa, con la tipificación clara de figuras como el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y la asociación criminal con fines de corrupción. En materia de criminalidad moderna, se incorporan tipos penales relacionados con el fraude informático, la clonación de tarjetas, la suplantación de identidad y la falsedad digital.
Estos avances deben ser valorados. No obstante, este Código Penal no es perfecto ni plenamente justo. Es una reforma perfectible y, más aún, una reforma que mantiene deudas pendientes, especialmente con los derechos de las mujeres y de los sectores históricamente marginados.
El Congreso Nacional optó, una vez más, por excluir las tres causales para la interrupción del embarazo, ignorando el clamor de miles de dominicanas que demandan una legislación que reconozca su derecho a decidir en circunstancias extremas: cuando su vida corre peligro, cuando el embarazo es inviable o cuando es producto de una violación o incesto.
Además, el nuevo código mantiene un régimen de acumulación de penas excesivo, permitiendo condenas de hasta 60 años sin establecer distinciones claras entre delitos graves y delitos menores. Esta disposición generalizada choca con los principios de individualización de la pena y con los fines constitucionales de la reinserción social.
El reto ahora
El primer reto inmediato es que el Poder Ejecutivo no observe este proyecto. Cualquier observación por parte del Presidente retrasaría nuevamente su entrada en vigor y colocaría sobre sus hombros el costo político de frenar una reforma esperada por años.
El segundo reto es lograr que el nuevo Código Penal se aplique de forma justa, constitucional y efectiva, con una interpretación judicial garantista, con una fiscalía proactiva y con una ciudadanía vigilante.
Y finalmente, que el Congreso asuma las tareas pendientes: aprobar una ley que incorpore las tres causales, revisar el sistema de penas acumulativas para evitar excesos, y promover un enfoque penal que no solo castigue, sino que prevenga, repare y resocialice.
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