El Gobierno de Carlos Mazón va a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el reglamento que regula el reparto de alrededor de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias a las distintas comunidades autónomas. Considera que «invade» sus competencias y se ha aprobado de forma «unilateral» por parte del Ejecutivo central, sin criterios objetivos ni financiación. La Abogacía de la Generalitat ya llevó en abril ante el Constitucional el decreto ley que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado en un nuevo decreto del 22 de julio, al entender que suponía una injerencia en las atribuciones que tiene la región en materia de protección de menores. «Cada paso que dé el Gobierno lo vamos a...
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