El Gobierno autonómico de Carlos Mazón concede incentivos fiscales a afectados por la ' okupación ' y ha implicado a 317 municipios para edificar 10.000 inmuebles de protección pública , entre otras medidas para resolver los problemas de vivienda. «Se ha replanteado la política general de vivienda de la Comunitat para ofrecer soluciones reales y efectivas», ha resumido la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero , al destacar «el avance en la mejora del parque público». En lo que concierne a «la protección de los propietarios y a aumentar su seguridad», se ha creado un Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas, «cuyo objetivo es prevenir, combatir y reducir la ocupación ilegal», ha explicado la vicepresidenta. Este programa prevé la creación de una oficina autonómica antiocupación, la mejora de la atención a las víctimas y la implementación de medidas para agilizar los procedimientos judiciales de desahucio . Además, se reforzará la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se establecerán incentivos fiscales para propietarios afectados. Uno de estos pilares de este paquete de medidas de choque es el Plan Vive , para dotación de suelo público, autonómico y municipal con el construir esas 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura a través de la colaboración público-privada. Presentado hace un año, este programa se ha ido extendiendo hasta 317 municipios adheridos al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Para Camarero, «es muy importante que todas las administraciones aúnen fuerzas para aumentar la oferta y priorizar su acceso a jóvenes, familias y colectivos vulnerables». Otra apuesta es conservar y mejorar el parque de vivienda público que la Generalitat gestiona a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). «Acoge a muchas familias con escasos recursos que tienen derecho a una vivienda digna y que el mercado libre inmobiliario actual no les permite acceder», ha subrayado la consellera. En estos hogares, hay reparaciones y reclamaciones de los residentes y sobre los elementos comunes, y ahora también actuaciones de regeneración y renovación urbana. Unas acciones que, según ha explicado la vicepresidenta, «están dirigidas a mejorar las condiciones de conservación de los edificios, su eficiencia energética, eliminar barreras arquitectónicas y también a crear espacios urbanos que rodean los inmuebles para tener lugares más agradables». Acerca de las ayudas, destacan las del alquiler general, con especial atención a los que acceden a su primera vivienda, mediante los bonos de alquiler joven , así como financiación para la compra en municipios con menos de 10.000 habitantes. Del mismo modo, el Institut Valencià de Finances (IVF) ofrece avales para ayudar a este grupo de población y conseguir créditos bancarios. Asimismo, se han introducido varios cambios en la normativa y nuevas iniciativas para la simplificación administrativa . Por ejemplo, el nuevo decreto que regula de manera exclusiva el régimen jurídico de las Viviendas de Protección Pública (VPP) de la Comunitat. «Un reglamento que ha sido diseñado en colaboración con el sector , lo que ha motivado una muy buena acogida y está ayudando a incentivar la construcción y a ampliar la oferta, que es nuestro objetivo principal», ha señalado Camarero. El nuevo decreto busca facilitar el acceso a viviendas asequibles , especialmente a jóvenes y familias con menos recursos, colectivos para los que reserva el 40% de los inmuebles. Además, unifica y simplifica la normativa anterior, establece nuevos requisitos de acceso, calificación, precios y gestión de VPP.
