El Ayuntamiento de Fuengirola ha sacado a licitación un contrato para disponer de una a gencia de detectives privados que investigue casos puntuales de trabajadores municipales en situación de baja o con limitaciones en su puesto. La medida, con un presupuesto base de 18.148,79 euros y un año de duración, se justifica en el incremento del absentismo , que en determinados periodos ha alcanzado un índice muy elevado, el 10% del total de su plantilla, formada por más de 800 empleados. El pliego, publicado el 5 de agosto en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla un mínimo de diez seguimiento s de tres días cada uno, con posibilidad de ampliarse si la empresa ofrece cubrir más casos. De hecho, se otorgará mayor puntuación a las compañías que se comprometan a investigar a más de 25 empleados. El objetivo, según el informe de la Concejalía de Recursos Humanos, es constatar posibles actividades incompatibles con la situación de incapacidad temporal, como cargar peso o realizar trabajos por cuenta propia. La vigilancia se llevará a cabo en el domicilio o en lugares que el trabajador frecuente, previa investigación para confirmar datos, domicilios alternativos o actividades detectadas en redes sociales. El Ayuntamiento recalca que no se trata de un control masivo, sino de una herramienta para actuar cuando existan indicios claros , como incongruencias entre la limitación médica y actividades observadas, por ejemplo, acudir al gimnasio. Por tanto, como recalcan desde Recursos Humanos, este dinero no tiene por qué utilizarse para vigilar a los trabajadores de baja, sino que el servicio solo se activará cuando existan señales sospechosas y, en ese caso, la adjudicataria analizará el caso. Asimismo, la empresa elegida pra realizar los servicios deberá realizar una investigación previa sobre la persona objeto de seguimiento para verificar los datos facilitados por el Ayuntamiento y, en su caso, localizar otros domicilios, teléfonos o lugares de trabajo, así como incidencias que figuren en páginas oficiales o en redes sociales y que aporten valor añadido al seguimiento. El Consistorio subraya que la contratación cuenta con aval jurídico y que medidas similares ya se han aplicado en otros ayuntamientos de la provincia de Málaga. El gasto en bajas laborales el último año superó los dos millones de euros, 1,5 millones asumidos por la Seguridad Social y medio millón por las arcas municipales. «Se trata de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y evitar un mal uso del dinero de los vecinos», han indicado fuentes municipales, que señalan que se trabaja en coordinación con la mutua y el servicio de vigilancia de la salud para controlar semanalmente las bajas activas. Desde el Ayuntamiento subrayan que la inmensa mayoría de empleados son «un ejemplo de profesionalidad y entrega» y que el último convenio, firmado en diciembre de 2024, incorporó avances significativos para la plantilla. La contratación, insisten, es completamente legal, con informes favorables del jefe de área, Asesoría Jurídica y Contratación, y no es la primera vez que una administración pública licita un servicio de esta naturaleza.
