Los jóvenes de Castilla-La Mancha lo tienen difícil para poder emanciparse, de hecho, son los que menos lo hacen de toda España. Deben destinar «un porcentaje de sus salarios netos inasumible»: un 77,3% para vivir de alquiler y un 70,1% en caso de tener que pagar una hipoteca. Esta es una de las conclusiones del informe «Personas jóvenes: precariedad y dificultad de acceso a la vivienda», realizado por UGT, que desvela que l a emancipación juvenil alcanza en la región un ratio del 11,2%, erigiéndose como la comunidad autónoma con la tasa más baja de todo el país. La preocupante situación de la juventud en materia de vivienda en la comunidad autónoma ha sido uno de los asuntos abordados en la rueda de prensa ofrecida este martes en Toledo por la organización juvenil RUGE (Revolución Ugetista), con motivo del Día Internacional de la Juventud, en la que ha participado la secretaria general de la organización de los jóvenes de la UGT a nivel nacional, Belén Guirao, que ha estado acompañada por Lola Alcónez, secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, y por Adrián Carbajo, portavoz de RUGE en Castilla-La Mancha. Belén Guirao ha presentado el informe «Personas jóvenes: precariedad y dificultad de acceso a la vivienda», en el que se pone de manifiesto que el precio de la vivienda en alquiler en la región se ha encarecido un 64,4% y un 33,6% si nos referimos a la compra y, aunque ambos valores están por debajo de la media nacional, las personas jóvenes de Castilla-La Mancha deben destinar un gran porcentaje de sus salarios para poder emanciparse por el «desorbitado» precio de la viviendas que se ha disparado en los últimos años. Guirao ha hecho balance también de medidas como el Bono Alquiler Joven, que ha resultado totalmente ineficaz ya que, por diversos motivos, en Castilla-La Mancha solo 10.808 jóvenes -de los 416.315 que hay entre los 18 y 35 años- han solicitado el Bono Alquiler Joven y de las solicitudes presentadas solo se han resuelto 3.360, esto es, un 0,8% de la población joven de la región. La secretaria general de RUGE añadía que, en España, desde 2020 los ahorros de la población joven se han recortado un 26%, de tal manera que si quiere dar la entrada para una vivienda debe ahorrar durante cuatro años y medio su salario íntegro. El alquiler es una opción también complicada. A nivel nacional, con un alquiler medio que está en los 968 euros, debería destinar un 92% de su salario, un 36,2% si opta por compartir piso y alquilar solo una habitación. Concluía afirmando que «no podemos esperar la autorregulación de un negocio que saca beneficio de la promoción de viviendas ilegales, viviendas sin cédula de habitabilidad o viviendas que no están registradas como pisos de alquiler turístico. Esta especulación con el derecho a una vivienda no solo beneficia a unos pocos en detrimento de los de siempre, las y los trabajadores, sino que también le está robando el futuro a las personas jóvenes». Por último, Lola Alcónez -quien recordaba que el 12 de agosto, además de ser el Día Internacional de la Juventud, es el día en el que la organización UGT celebra su 137 aniversario- ponía de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para que el acceso de la población joven a la vivienda sea una realidad. Resaltaba que se trata de un derecho fundamental de todas las personas, un derecho que para el sindicato se ha convertido en una prioridad. Este informe, conocido también como 'Irrealista', desvela también que Castilla-La Mancha presenta un desempleo juvenil del 17,9%, por encima de la media nacional (+1,7 puntos), habiéndose corregido con menor intensidad a raíz de la reforma laboral (-2,1 puntos). La tasa de temporalidad se sitúa en valores similares al promedio nacional (26,6 puntos, cinco décimas más), después de recortase 17,1 puntos desde el último trimestre de 2021, a la vez que el número de jóvenes con contrato indefinido crecía un 41,7%. En cuanto a la evolución del precio de la vivienda, se ha encarecido con más fuerza en el mercado del alquiler (64,4%) que en el de compraventa (33,6%), aunque ambos valores se sitúan por debajo del promedio nacional. En política de vivienda, el informe dice que «el gobierno autonómico ha gastado una media de 34,4 euros por habitante desde 2002, un 15% menos que el promedio nacional». La construcción de vivienda protegida tampoco refleja una comparativa favorable, en tanto supone un 18% desde 2011, frente al 24,9% en el conjunto nacional. En 2023, el parque de viviendas públicas en alquiler era de 6.801 unidades.
