Carlincatura del viernes 15 de agosto de 2025
Han transcurrido cuatro décadas desde que, en la madrugada del 14 de agosto de 1985, una patrulla militar, bajo el mando del entonces subteniente Telmo Hurtado, ejecutaron a sesenta y nueve peruanos de dicha comunidad. Entre las víctimas había también veintinueve niños, algunos de ellos bebés de apenas ocho meses de nacidos.
Las víctimas fueron reunidas en una vivienda, ametralladas y luego incineradas. Años más tarde, la justicia reconoció este hecho como un homicidio masivo.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación consignó con precisión que “las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente y posteriormente incineradas en un acto destinado a eliminar evidencias”. Subrayó, además, que ninguno de los muertos portaba armas. Tampoco vestían indumentaria propia de combatientes.
En un Estado que se proclama democrático, un crimen así debería haber merecido castigo ejemplar, como demuestran las experiencias internacionales de características similares como Argentina y Chile. Sin embargo, vale también recordar que durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se convirtió la infamia en mérito: Hurtado fue ascendido, condecorado y amnistiado.
Hace dos días, en un gesto que hiere profundamente la dignidad nacional, hay algunos patrones que amenazan con repetirse. La ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte hace más compleja la reconciliación del país. Bajo el discurso de “reconocimiento” a las Fuerzas Armadas y a la Policía, se otorga protección no a sus honorables miembros, sino a quienes traicionaron su uniforme y mancharon con sangre el nombre de las instituciones que juraron defender.
Episodios como el de Accomarca deben ser evocados con más nitidez que nunca. Esto debido a que la herida que dejó aquella masacre no se ha cerrado.
La reparación que el Estado debe a las víctimas sigue siendo una deuda pendiente.
Accomarca es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que el poder es capaz de hacer cuando se despoja de todo límite ético y se blinda con leyes a su medida. Y, ante ello, la memoria, es también un acto de resistencia democrática frente al atropello, la indiferencia y el desprecio de quienes hoy gobiernan.