El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía (Coima) ve «bastante improbable» la urbanización de suelos afectados por un incendio debido a que la Ley de Montes Estatal publicada en 2003 surgió precisamente para «poder garantizar» que los fuegos «no fuesen una excusa de cara a la transformación de los terrenos forestales a uso urbano, agrícola o minero». En este sentido, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de Coima, Ana Warleta , a colación del incendio desatado el pasado lunes en el entorno de la urbanización de Atlanterra (Tarifa) -zona que ha registrado un gran crecimiento turístico estos últimos años- ha recordado que desde la implantación de la Ley de Montes «no se ha dado ningún caso en Andalucía» de recalificar una superficie tras un fuego. Dicha ley, aprobada el 21 de noviembre de 2003, detalla en su artículo 50 la «prohibición del cambio de uso forestal durante al menos 30 años» tras el fuego, así como «toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica». No obstante, la normativa fue modificada en 2015 para fijar, como recoge el documento oficial, un «carácter singular» donde las comunidades autónomas «podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto». Dichas excepciones consisten en la presencia de un instrumento de planeamiento previamente aprobado o pendiente de aprobación si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o sometido al trámite de información pública, así como una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono, detalla el Boletín Oficial del Estado. Sobre esto, Warleta ha asegurado que esta modificación se da en « situaciones muy excepcionales por algún motivo de emergencia , de defensa o de interés público, como dice, de primer orden». Por lo que, «hablar de especulación urbanística en Tarifa, con la normativa vigente, es una situación que difícilmente se podría plantear». Por otro lado, pese a la incertidumbre ciudadana sobre esta modificación, Warleta ha subrayado que «a día de hoy esa pequeña ventanita difícilmente se puede abrir ya que se utiliza en situaciones de imperiosa necesidad ». Igualmente, la portavoz de Coima ha aclarado que «no se ve necesario eliminar esta modificación, sino simplemente utilizarla tal como viene en la normativa de Montes». «La ciudadanía debería confiar en los poderes públicos, ya que se trata de una normativa forestal bastante cerrada a los cambios de uso tras un incendio, por lo que es muy difícil justificar algo que no sea justificable para aplicar esta excepción», ha concluido Warleta.
