Bolaños seguirá con el mismo frente: la oposición de jueces y fiscales a sus planes
El final del último curso político no fue fácil para Félix Bolaños. El ministro socialista se fue de vacaciones enfrentado con los convocantes de la huelga de jueces y fiscales.
Los miembros de la judicatura y del Ministerio Público se ausentaron de sus puestos de trabajo durante los tres primeros días de julio para intentar que su departamento paralice la tramitación de las polémicas «leyes Bolaños».
Unas medidas a las que el ministro no piensa renunciar a sacar adelante en su mandato, como ha aclarado en muchas ocasiones. En primer lugar, seguirá adelante con la reforma del acceso a las Carreras, que levanta especial suspicacia porque incluirá un proceso extraordinario en el que mil sustitutos podrán estabilizarse, sin tener que enfrentarse a la oposición del turno libre.
También con su segundo objetivo legislativo: la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para entregarle la instrucción de las causas a los fiscales y, en ello, las asociaciones ven un riesgo para la independencia judicial porque el fiscal general, nombrado por el Gobierno, seguirá teniendo un gran poder sobre sus subordinados, obligados a acatar las órdenes de sus superiores.
Si ya hubo enfrentamientos entre las asociaciones profesionales y Justicia por el seguimiento del paro: las primeras celebraron una participación masiva del 70%, mientras que el segundo habló de «normalidad» y de un 31%.
El cruce de reproches acabó extendiéndose también a la gestión que el equipo del ministro hizo de la huelga en lo relativo a los recortes en los salarios de los que se sumaron.
No se llevaron a término de manera general y solo un juez y 28 fiscales sufrieron el precedente descuento porque lo comunicaron ellos, directamente, al ministerio y a la Fiscalía General, respectivamente.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), así como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) le acusaron de dejación de funciones y Bolaños alegó que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía le transmitieron datos de los participantes. Pero, antes de irse, les ofreció un canal para que identificasen a los huelguistas, a lo que respondieron que era una petición «ilegal».
Pero tampoco será fácil para el titular de Justicia el camino que le queda por recorrer en el nuevo curso. En los primeros compases tendrá que hacer frente a la implantación de otra de sus medidas «estrella», la asunción por parte de los juzgados de violencia de género de los casos de delitos sexuales, que comenzará en octubre.
Más de 300 magistrados de esta rama ya avisaron de que se producirá un «colapso» y el fin de la «protección real» a las víctimas. Además, no hay que olvidar que las asociaciones no descartan celebrar otra huelga.