¿Te imaginas tener un hijo y que no te permitan registrarlo? Aunque parezca impensable, esto le ocurrió —dos veces— a una pareja lesbomaternal en Aguascalientes.Erika y Alejandra llevan ocho años juntas; desde el principio de su relación, sabían que querían hijos, pero también eran conscientes de que, por ser parte de la comunidad LGBTIQ+, el camino estaría lleno de obstáculos. Primero, los relacionados con la reproducción asistida; después, los legales.“Desde el principio sabíamos que queríamos hijos, también teníamos súper claro que no iba a ser fácil…”, recuerda Alejandra. Lo que no imaginaron fue que, después de ganar un amparo en 2021 que les garantizaba que nunca más se les negaría el registro de sus hijos, volverían a vivir exactamente la misma discriminación.El primer golpe: 2021En 2021, la pareja solicitó inscribir a su hijo con el reconocimiento de ambas madres. El Registro Civil de Aguascalientes se negó.“Primero que nada, lo sentimos como una humillación pública porque la autoridad nos cuestionó y negó un derecho frente a otras personas, fue como decirnos que nuestro amor y nuestra familia valen menos o no valen”, relataron.El impacto fue más allá de lo simbólico: “El no poder darle identidad a nuestro hijo, al mismo tiempo no nos permitía tener acceso a una guardería ni seguro de gastos médicos. Es una frustración enorme no poder hacer lo básico con un recién nacido”.Con el acompañamiento de México Igualitario, derribando las barreras A.C. y el colectivo Ser Gay de Aguascalientes, promovieron un juicio de amparo que no solo cuestionaba la negativa, sino también los artículos del Código Civil que impedían el registro de familias lesbomaternales. Y ganaron.El juez ordenó que esos artículos no se les aplicaran “en el presente ni en el futuro”.“Lo sentimos como un triunfo no solo personal, sino como un precedente que ayudara a otras familias”, contó Alejandra.La Suprema Corte y el contexto legal en AguascalientesEn Aguascalientes, la Suprema Corte ya había intervenido antes para frenar disposiciones que discriminaban a familias homoparentales.En mayo de 2025, declaró inconstitucional el artículo 57 del Código Civil, que solo reconocía como madre o padre a quien tuviera un vínculo biológico con la niña o el niño, dejando fuera a las parejas del mismo sexo.Pese a este marco legal y a su propia sentencia de amparo, el calvario de Erika y Alejandra no había terminado.La segunda negativa: 2025En 2025, la pareja volvió a ser madre. Presentaron la solicitud de registro respaldada por la sentencia previa, pero el Registro Civil desconoció su alcance y negó nuevamente el trámite.“Fue el mismo proceso, solo que esta vez el doble de humillante. Después de pasar de escritorio en escritorio explicando nuestra situación, finalmente recibimos la negativa por escrito una vez más."Ellos escudándose bajo la excusa de ser una situación diferente al 2021, porque en esta ocasión la progenitora fue la otra madre. Aunque los hijos llevaran los mismos apellidos, aunque nosotras estuviéramos casadas, aunque somos la misma familia que en 2021”, relató Erika. El proceso, además, tardó más en resolverse que el primero.Para Alex Ali Méndez Díaz, director de Litigio en México Igualitario, “en materia de amparo, es bastante grave (… ) significa que te volvieron a violar un derecho humano, a pesar de que había una orden en una sentencia, repitieron ese acto de discriminación”.Tras esta segunda negativa, se denunció la repetición del acto reclamado. El Juzgado de Distrito y un tribunal colegiado coincidieron en que sí hubo reincidencia, y remitieron el caso a la Suprema Corte para sancionar al funcionario.Pero la Segunda Sala de la Corte, con un proyecto de la ministra Lenia Batres, concluyó que no hubo intención dolosa y que, como el registro ya se había realizado, no procedía sanción. La decisión fue unánime.“Con esa decisión la Suprema Corte lo que está haciendo básicamente es decir que eso puede suceder de nuevo en cualquier momento y no va a pasar nada. No reconocer que el Registro Civil sabía de la sentencia, sabía que lo que estaba haciendo violaba derechos humanos, y aun así obstaculizó nuevamente el registro de el hijo de esta pareja de mujeres" advirtió Méndez Díaz.Para Erika y Alejandra, la nueva negativa fue un golpe directo a su dignidad.La discriminación no terminó con el acta de nacimiento.“Ya con acta de nacimiento en mano fuimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tramitar los pasaportes de los niños. Con todos los requisitos en orden, y solo por ser dos mamás, nos pidieron certificado de nacimiento del hospital."Es un documento que a ningún padre le piden, y a nosotras no nos permitieron continuar el proceso si no comprobamos antes que somos madres biológicas de los niños”, denunció Erika.Un precedente que preocupaMéxico Igualitario señala que este es el primer caso en el que una autoridad reincide contra la misma familia, desobedeciendo una orden judicial. Para Méndez Díaz, “lo novedoso es que nunca habíamos tenido que acompañar a una pareja que ya tenía sentencia… y volvió a ser discriminada”.“Hoy fue esta pareja, pero mañana puede ser una persona con discapacidad, una niña, una persona migrante”, advierte.Un llamado a otras familiasA pesar de la experiencia, Erika y Alejandra mantienen la convicción de convertir su caso en aprendizaje colectivo.“Ayuda mucho que no se queden solos con lo que les está pasando, es importante acercarse a personas de confianza a grupos de apoyo LGBITQ+. busquen redes locales o virtuales de familias homoparentales; que les puedan aconsejar, todos hemos pasado por alguna discriminación alguna vez”, aconsejó Alejandra.Mirando hacia el futuro, esperan que la nueva integración de la Suprema Corte y las autoridades locales trabajen en erradicar la discriminación.“Ojalá esto nos ayude a la normalización de la diversidad sexual, y nos brinde certeza de que se está trabajando en erradicar estos actos”, comentó Alejandra.Mientras tanto, su historia queda como advertencia: en México, incluso con una sentencia firme que prohíbe la discriminación, una autoridad puede reincidir… y salir impune.EHR
