Justicia secuestrada por la burocracia
En México, la impunidad ya no es consecuencia de la falta de leyes ni de lagunas en la norma, sino que es producto de la cobardía, inacción y falta de responsabilidad de las autoridades. Hoy, policías y ministerios públicos han convertido la procuración de justicia en mera burocracia en la que la víctima siempre pierde tiempo y esfuerzo excesivo.
Veamos casos reales: policías con órdenes de aprehensión ya en la mano, libradas conforme a la norma por un juez de control, y no las ejecutan porque necesitan autorización de arriba”, “del jefe”, “del titular”, “del comandante”. No me queda clara su actuación; después de todo, tienen una orden judicial en la mano, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es una guía, es un mandato y punto. En lugar de cumplirla, prefieren esperar la bendición de su superior, dejando a un lado el amparo de la ley.
El mismo cáncer se encuentra en muchos agentes del ministerio público, estos que no judicializan las carpetas de investigación porque “su responsable no les ha dado luz verde” o porque “el área de judicialización la regresó”. A partir de ahí pasan dos cosas: si la víctima tiene un abogado medianamente decente, se estarán a control judicial, tras control judicial y, otra vez, control judicial; si no es el caso, pues simplemente esa carpeta de investigación se llenará de polvo semanas, meses o, incluso, hasta años. No se equivoquen, agentes del ministerio público (ustedes saben quiénes son); no están haciéndoles un favor a las víctimas, es su obligación.
El Código Nacional de Procedimientos Penales es más que claro en establecer que el procedimiento penal tiene tres etapas: investigación, intermedia y de juicio. A su vez, la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria.
La investigación inicial empieza con la noticia criminal (denuncia, querella o requisito equivalente) y termina con el auto de vinculación a proceso. Durante esa etapa, en particular, el obligado a investigar y esclarecer los hechos con apariencia de delito es el ministerio público. Punto. O que me señalen los ministerios públicos en qué parte del código se refiere a que, primero, tiene que pasar la carpeta de investigación por la Unidad de Atención Temprana, después, por el ministerio público de mesa y, finalmente, por el ministerio público del área de judicialización.
A ustedes, agentes del ministerio público, a quienes les quede el saco, les digo: lean el artículo 21 de la Constitución. El ministerio público es uno solo, no dos, no tres, no, es un solo ente de investigación. Ningún precepto jurídico señala como principio del derecho penal la repartidera de responsabilidades.
Ahora bien, la ley, la teoría, nos dice que el ministerio público, con el apoyo de las policías y de los peritos, recaba datos de prueba hasta tener los suficientes elementos para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado. Les pregunto, agentes del ministerio público: ¿En qué parte del código se señala que son las víctimas o el asesor jurídico quienes deben hacerles la tarea?
Después de todo el calvario, cuando por fin está completamente integrada la carpeta de investigación y se pide la judicialización, viene la misma cantaleta de siempre: “falta autorización”, “hay que esperar respuesta del área de judicialización”, “Lic., es que está en trámite”. El resultado: justicia inmóvil, enteramente burocratizada, pero, sobre todo, justicia deshumanizada. Importa más la instrucción que el dolor de la víctima.
Esto no es un problema técnico, ni organizacional; esto es un problema de voluntad. La ley es facultad y obligación, nada más. Ahora algunos muchos “servidores públicos” pecan de imaginativos, se inventan candados, trabas y pretextos para no cumplir con su mandato de ley. Así, las instituciones encargadas de procuración de justicia no solo permiten la impunidad, sino que la fomentan. Por ende, el Estado mexicano incumple sistemáticamente con su obligación de garantizar justicia, y lo hace con la complicidad de todos los niveles de las instituciones.
Que quede claro, nuevamente: el ministerio público es uno solo, con una sola responsabilidad. No puede esconderse detrás de organigramas y burocracia, ni de trámites inventados. Si no cumplen con su función, no es porque la ley no se los permita, sino porque no se les da la gana. Y, cuando esto pasa, no es una falla del sistema, sino una traición a la justicia.
Mientras la repartidera de responsabilidades siga siendo regla de trato, el mensaje será claro para los que deciden delinquir: no importa lo que la ley señale, siempre va a haber un escritorio más en el que se pueda sentar la carpeta de investigación.
Y así, México seguirá siendo el paraíso de la impunidad.