Activistas y legisladores de Nuevo León advierten carpetazo a denuncias penales contra Samuel García
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos, operaciones con empresas vinculadas a su familia y compras inmobiliarias por cientos de millones de pesos. Sin embargo, activistas y legisladores advierten que los casos podrían no prosperar luego de que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Javier Flores Saldívar, atrajo los expedientes que estaban en poder la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con Liliana Flores Benavides, del Grupo de las Seis, la intención es dictar el inejercicio de la acción penal. “Es un acuerdo político, no hay otra explicación”, dijo.
Flores llegó al cargo en febrero pasado, tras más de dos años de interinato en la Fiscalía. Su nombramiento fue avalado por unanimidad en el Congreso local.
Apenas unos meses después, ordenó atraer las carpetas que había contra García, lo que –a decir de activistas y legisladores– confirma que la Fiscalía opera con lógica de protección política.
¿Qué denuncias tiene Samuel García en su contra por desvío de recursos?
Entre los señalamientos figura la triangulación de más de 200 millones de pesos a través del despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, fundado por García y su padre.
Además, opositores documentaron la compra de terrenos en San Pedro Garza García y Tamaulipas por cerca de 1.7 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación reportó un posible daño al erario por 24.7 millones de pesos en la administración estatal, tras detectar transferencias sin justificación en recursos federales destinados a educación e infraestructura social.
El gobernador ha sido criticado por su gasto en propaganda digital. Según datos de Meta, en un solo mes destinó más de 881 mil pesos a promocionar su imagen en redes sociales, mientras que las cuentas oficiales de su administración invirtieron otros 402 mil pesos.
Aunque García ha rechazado los señalamientos, opositores y colectivos ciudadanos perciben control político. La atracción de las denuncias, consideran, envía un mensaje de debilitamiento del sistema de justicia en Nuevo León.