La Fiscalía investiga si los municipios más afectados por los incendios contaban con los planes de prevención que exige la ley
El fiscal coordinador plantea que en los casos más graves puede haber “responsabilidad penal” para quien no haya aprobado esos programas
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La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo investiga si los municipios más afectados por la ola de incendios que está afectando a España durante este agosto contaban con los planes de prevención que exige la ley. El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha reclamado a la unidad del Seprona de la Guardia Civil adscrita a esa Fiscalía que recabe información sobre la existencia de esos programas anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, según publica El País.
Las comunidades autónomas están obligadas por ley desde 2022 a elaborar planes anuales de este tipo, si bien el Gobierno central todavía no ha aprobado el real decreto en el que se fijan las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de esos planes. En paralelo, la ley de montes también establece que los municipios ubicados en las llamadas ZAR —zonas de alto riesgo de incendio— deben tener un programa específico para evitar que se produzcan o proliferen los incendios. Perseguir la elaboración, cumplimiento y supervisión de esos planes también depende de las autonomías.
El fiscal considera que la situación que se está viviendo estos días con los incendios “es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios”, según figura en escrito dirigido a todos los fiscales provinciales con competencias en medio ambiente. Esos planes permiten “evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente” gracias a la “anticipación”.
El fiscal coordinador recuerda, además, que en los casos de “peligrosidad del terreno o del contexto en el que se ha producido el incendio” y en los que “la existencia de los citados planes sea insoslayable”, los fiscales podrían plantearse exigir la “responsabilidad penal” de aquellos “que teniendo la obligación de elaborar los mismos” no lo hayan hecho. No obstante, si se entiende que el caso no tiene la entidad para poder ser calificado como delito, Vercher les insta a que transmitan la información a la “administración sancionadora” que corresponda.