Fiscalía insta a denunciar delitos ambientales y reconoce papel de comunidades en protección de áreas silvestres
La Fiscalía Adjunta Ambiental llamó a la ciudadanía a denunciar posibles afectaciones al ambiente, destacando el papel fundamental de las comunidades en la protección hoy de las áreas silvestres protegidas (ASP) y la biodiversidad del país.
Así lo expresó el fiscal coordinador de esa Fiscalía del Ministerio Público, Luis Diego Hernández, quien subrayó esta necesidad durante su participación en el programa radiofónico “Voces del Ministerio Público”, emitido el pasado 25 de agosto.
Fiscalía denuncia tráfico de tierras en Caribe Sur
El fiscal destacó que la pérdida de una ASP no solo implica la desaparición de la biodiversidad, sino que también degrada los suelos, afecta la protección contra el cambio climático y, en última instancia, perjudica la calidad de vida y el sustento de las comunidades locales.
“Es crucial que las comunidades se empoderen y entiendan que cuando se pierde un área protegida, se pierden todos estos beneficios”, afirmó Hernández.
De seguido, mencionó específicamente el papel civil que primero llamó la atención de la dependencia que coordina en los casos del Refugio localizado en Talamanca (Limón) y, recientemente, una investigación iniciada este año por un proyecto inmobiliario en playa Panamá (Carrillo, Guanacaste).
También señaló que la lucha por el ambiente a veces es contra el mismo Estado, al mencionar que los gobiernos de turno podrían llegar a priorizar intereses particulares sobre el bienestar colectivo en referencia al derecho a un ambiente sano.
Las declaraciones del fiscal surgen en un contexto de investigaciones activas por parte de la Fiscalía Adjunta Ambiental.
Tráfico de tierras
Desde mayo de 2024, se investiga el presunto otorgamiento ilegal de permisos de tala en playa Punta Uva, en el Caribe Sur. Este caso podría estar vinculado a un tráfico de tierras que amenaza 188 hectáreas del Refugio Gandoca-Manzanillo.
En declaraciones a este diario en junio de 2024, Hernández Araya describió este delito como el uso “perverso y sistemático de mecanismos aparentemente legales” para que terrenos estatales pasen a manos privadas con fines de lucro.
Para lograrlo, los delincuentes en apariencia utilizan testaferros, segregaciones, zonificaciones y permisos de tala para cambiar la categoría de patrimonio natural del Estado.
En aquel momento, el fiscal expresó su preocupación de que “188 hectáreas de humedales y bosques desaparecerán por arte de magia y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) parece que no lo comprende”.
De manera similar, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió una investigación de oficio por presunta tala ilegal en el Polo Turístico Papagayo, Guanacaste, tras una denuncia ciudadana recibida hace unos meses.
“Cualquier persona es importante, que existan voces que denuncien,” concluyó Hernández, reconociendo el coraje de los defensores ambientales quienes a menudo enfrentan grandes obstáculos.