Sin margen de maniobra para sacar adelante sus proyectos legislativos, el Gobierno sobrevive a costa de dar el visto bueno a los que le presentan sus socios, cada vez más ambiciosos y planteados como cargas de profundidad contra la unidad, no solo territorial, de una nación que representa un obstáculo para sus intereses políticos. Desestructurar el Estado y ahondar en las diferencias territoriales a través de una falsa 'singularidad' es el objetivo de los independentismos vasco y catalán, que plantean el incremento unilateral del salario mínimo en sus respectivas comunidades, hasta rondar los 1.400 euros mensuales, muy por encima del SMI que rige en el conjunto del país. En este caso es la precariedad de los trabajadores vascos y catalanes la excusa para asestar un nuevo golpe a la idea de igualdad entre españoles, sacrificada por el Ejecutivo que más ha hecho por privilegiar y agraviar a unos y otros ciudadanos en función del mapa trazado por el separatismo.
