Cadena perpetua para enfermera que provocó la muerte de recién nacidos en cuidados intensivos
Un jurado en Córdoba, Argentina, declaró culpable a Brenda Cecilia Agüero de cinco homicidios agravados y ocho intentos de homicidio en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. La profesional de enfermería fue acusada de administrar de manera ilícita sustancias letales a recién nacidos. El tribunal estableció un patrón criminal caracterizado por la administración deliberada de potasio e insulina durante turnos específicos, provocando arritmias letales y crisis cardiorrespiratorias en lactantes previamente estables.
Las pruebas forenses revelaron evidencias contundentes sobre la conducta criminal de Agüero. Los informes médicos demostraron hiperkalemia en al menos dos fallecimientos, con niveles de potasio incompatibles con tratamientos médicos convencionales. Los testimonios de personal hospitalario y familiares fueron fundamentales para establecer la secuencia de eventos. Una madre declaró haber observado comportamientos sospechosos momentos antes del fallecimiento de su bebé, describiendo cómo Agüero lo apartaba y lo devolvía en condiciones críticas.
La mujer mantiene su inocencia
La sentencia contempló prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 35 años. Adicionalmente, cinco funcionarios hospitalarios recibieron sentencias por encubrimiento y omisión de deberes, incluyendo a la exdirectora del hospital, Liliana Asís, quien fue condenada a 64 meses de prisión. El caso reveló profundas deficiencias en los sistemas de control y supervisión de unidades neonatales, exponiendo vulnerabilidades críticas en la protección de pacientes más indefensos.
Durante el juicio, Agüero mantuvo su inocencia, argumentando ser un chivo expiatorio de fallas sistémicas hospitalarias. Sin embargo, los peritajes forenses y testimonios desvirtuaron categóricamente su versión. Los medios nacionales como Buenos Aires Times y La Nación cubrieron ampliamente el proceso, generando un intenso debate sobre seguridad hospitalaria y responsabilidad profesional.
De los ocho neonatos afectados, uno quedó con daño neurológico irreversible y otro desarrolló una escoliosis severa, consecuencias directas de las intervenciones criminales.