‘Existe un vacío legal’: María José Ocampo justifica victoria para dirigir Tribunal de Aguascalientes

La designación de María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, al frente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Aguascalientes se aprovechó de un “vacío legal”, seguido de la interpretación de un criterio de género y de la declinación de otras dos magistradas.

Al menos así es como justifica su nombramiento la panista Ocampo Vázquez, quien tras una semana de silencio dio una entrevista a Radio y Televisión de Aguascalientes (RYTA), el medio público oficial del gobierno.

En dicha entrevista, que fue grabada, editada y finalmente transmitida la mañana de este martes 9 de septiembre, Ocampo Vázquez negó que su nombramiento incumpla con el artículo 51 de la Constitución de Aguascalientes, donde se establece que la presidencia del máximo tribunal corresponderá “a quien obtenga la votación más alta, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género”.

“No es inconstitucional. Hemos actuado bajo la ley y lo seguiremos haciendo de esta manera. No únicamente en esta decisión, sino en los siguientes ocho años por los que venimos a trabajar, porque la gente votó y la gente eligió”, dijo.

“El magistrado entrante (Felipe Ávila Orozco, exsubconsejero jurídico de la gobernadora Tere Jiménez) que tiene el mayor número de votos es quien decide, porque el magistrante saliente era hombre, que vaya una mujer. Es decir: hay un cambio en el principio de equidad de género”, explicó.

Aun así, antes que Ocampo Vázquez estaban otras dos mujeres, también excolaboradoras del gobierno teresista, que habían obtenido más votos, pero estas, según la hoy presidenta del Supremo Tribunal, habrían declinado. No se sabe por qué lo hicieron.

¿Qué candidata declinaron para estar al frente de la Suprema Corte de Aguascalientes?

Se trata de Mariana de Fátima de León Barba, quien fuera directora de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) y suplente del diputado local panista Salvador Alcalá, así como de Cynthia Guadalupe Trujillo Lara, quien se desempeñó como coordinadora de Casas del Bien Común Rurales, un programa de la Secretaría de Desarrollo Social de Aguascalientes.

Ambas obtuvieron 85 mil 930 y 84 mil 424 votos, respectivamente, por encima de los 82 mil 949 de Ocampo Vázquez. Ninguna de las dos ha comentado públicamente los motivos de su declinación a la presidencia, pero sin dejar de ser magistradas.

Previo a la inédita elección judicial, el Instituto Estatal Electoral (IEE) organizó una serie de “Foros Judiciales” que se grabaron en RYTA para que la ciudadanía pudiera conocer los perfiles por los que se iba a votar. En aquella ocasión, ninguna de las tres magistradas mencionadas participaron.

¿Cuál es el “vacío legal” que llevó al poder a María José Ocampo Vázquez?

En la entrevista, la líder del nuevo máximo tribunal local explicó que sus compañeras tenían oportunidad de declinar porque ese es un derecho que tiene la presidencia, dado que, según su interpretación, no están obligadas a asumir la presidencia.

“Dos de mis compañeras deciden declinar su oportunidad, que al igual es un derecho de ser presidente. Es decir: tú no tienes, forzosamente, si es que ganaste en un tema de votos, debes asumir la presidencia solo por sí. Y es así como llego yo. Existe un vacío legal en el cual si alguien decidía no ser presidente por ese periodo o esos dos años, este vacío legal, pues te permite que vaya el siguiente. Que es lo que hicimos nosotros”.

Cuestionada sobre por qué no se hizo público el acuerdo al que llegaron las y los magistrados entrantes, respondió: “la realidad es que siempre en la elección de presidente se hace una sesión privada”, aunque en el artículo 51 ya se establece que el candidato o la candidata más votada será quien ostente el puesto.

El nombramiento de Ocampo Vázquez ya fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) por un abogado en la entidad, quien argumenta que no solo se viola la Constitución local, sino también la federal.