El Gobierno de Castilla-La Mancha estaba a la espera de que e l bebé cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior del congelador de una vivienda de la localidad toledana de Alberche del Caudillo naciese para poder actuar de «manera inmediata». Así lo ha confirmado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano , preguntada este miércoles en Toledo por este suceso, que investiga la Guardia Civil. «Es un caso muy delicado, del que fuimos conocedores ayer por la tarde. Nos quedamos muy impactados. Conocimos que se había hallado el feto en el hogar dentro de un congelador y ahora estamos a disposición de lo que nos marque el juez para poder seguir trabajando», ha indicado la consejera, que ha explicado que la familia está en intervención por parte de los Servicios Sociales y «había un aviso de atención hacia esta madre». «Se estaba esperando a que ese bebé naciera para poder actuar de forma inmediata. Pero las circunstancias se han dado de otra manera. No ha acudido a un centro sanitario que es donde podríamos detectar el nacimiento del bebé y, por tanto, el desenlace ha sido el que ha sido», ha precisado. Dicho esto, la titular regional de Bienestar Social ha confirmado que la madre tiene otros cuatro hijos. «Los tres menores están con familia extensa, y otro bajo tutela de la administración». García Torijano ha terminado añadiendo que «a veces» no se entienden los protocolos que se activan con menores desde Servicios Sociales. «Es para evitar, precisamente, situaciones tan dolorosas. En este caso no se ha podido intervenir, porque no ha dado tiempo», ha concluido. Por otro lado, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que la madre de cuatro menores, además del feto hallado en un congelador, se encuentra en situación de riesgo, tal y como venían advirtiendo los servicios sociales debido a sus problemas de adicciones y drogodependencias. De los cuatro hijos que tiene con distintos padres, el más pequeño está tutelado por la Junta de Comunidades y en proceso de adopción, mientras que los otros tres residen con sus familias paternas, aunque siguen bajo seguimiento de los servicios sociales. El contacto institucional con la familia se mantiene a través de la abuela materna, quien fue la persona que comunicó lo ocurrido e informó a los servicios sociales. Estos, a su vez, trasladaron el caso a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.
