Nuevo varapalo judicial a la inmersión lingüística en la escuela catalana en espera del fallo definitivo del Tribunal Constitucional (TC) que determinará, en última instancia, si se extiende o no un 25% de castellano en todas las aulas de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC ) ha anulado los artículos claves del decreto 91/2024 de régimen lingüístico del sistema educativo no universitario aprobado por el Ejecutivo de Pere Aragonés dos días después de las elecciones del 12 de mayo y que blinda la inmersión en catalán. El decreto impugnado por el alto tribunal catalán establece el catalán como única lengua vehicular en la escuela catalana, concede a la Generalitat la única potestad para fijar los contenidos lingüísticos en los centros y relega al castellano a un papel "secundario" en la enseñanza. El fallo del TSJC, consultado por ABC, considera que el castellano no puede quedar subordinado en las aulas de Cataluña y que la normativa lingüística vigente «vulnera derechos fundamentales». En concreto, declara nulos de pleno derecho varios preceptos del decreto por vulnerar los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución Española. La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que recurrió la norma, suspendida cautelarmente en julio de 2024, celebra la sentencia, un nuevo balón de oxígeno para los defensores del bilingüismo en la larga andadura hacia el pronunciamiento definitivo del Constitucional, previsto para este curso y que podría desbloquear el conflicto lingüístico. El fallo, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, estima parcialmente el recurso interpuesto por la AEB contra el decreto pero "tumba los artículos nucleares sobre los que se sustenta la inmersión en catalán en la escuela", afirma en declaraciones a ABC, Ana Losada, presidenta de la AEB. «La resolución judicial constituye un mazazo al intento de la Generalitat de excluir al castellano como lengua vehicular y supone un hito en la defensa de los derechos fundamentales de alumnos y familias en Cataluña», añade. En su sentencia, el TSJC anula "los diez artículos clave" del decreto de régimen lingüístico educativo, entre ellos el que fijaba el catalán y el aranés como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje como lengua de atención al alumnado recién llegado, de relación interna en los centros educativos y de proyección externa del centro y de relación con el resto de la comunidad educativa. En líneas generales, obliga a la Generalitat a garantizar una presencia real y efectiva del castellano como lengua vehicular en las aulas, no limitada a su enseñanza como materia, y a respetar el principio de equilibrio entre las dos lenguas oficiales. En concreto, el tribunal ha declarado nulos de pleno derecho los artículos 2c, 2d y 2e relativo a finalidades, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.5 de uso de las lenguas, el artículo 6 excepto el apartado relativo a rotulación, 7.2 de lengua castellana, 9.3b de lenguas extranjeras y el 10.1 y 10.2 de acogida y atención lingüística del alumnado recién llegado. También anula el 18a relativo a finalidades del proyecto lingüístico, 19.1e, 19.1f, 19.2a, 19.2b y 19.2d de contenidos del proyecto lingüístico y el 2 4.2a, 24.2b y 24.2f de mecanismos e indicadores para el seguimiento del proyecto lingüístico, el 33 sobre centros educativos y 34.1 de centros privados sostenidos con fondos privados. El TSJC argumenta que “la ausencia de mención alguna a la lengua castellana como lengua vehicular de la enseñanza en los apartados analizados […] no permite considerar que resulte garantizada la presencia adecuada del castellano ni que existan instrumentos de control y evaluación que hagan posible que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana”. El Tribunal desestima, en cambio, la impugnación de algunos artículos relativos a aspectos organizativos internos de la Administración (como el uso del catalán en la proyección externa de los centros, la lengua en los procesos selectivos o la acreditación lingüística del personal no docente), al considerar que no afectan directamente al derecho fundamental a la educación. "Estos preceptos se anulan por razones técnicas, no de fondo. Es decir, son cuestiones sobre las que la sentencia no se pronuncia, por lo que de ella no se deriva que tales preceptos sean compatibles con la Constitución y con la legislación ordinaria", mantiene la AEB. La AEB, que recurrió el decreto, suspendido cautelarmente en 2024, celebra la sentencia que, según apunta en un comunicado, "confirma lo que AEB lleva años denunciando: el modelo educativo catalán es contrario a la Constitución , al Estatuto de Autonomía y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ". "El castellano debe ser también lengua vehicular en la enseñanza, no solo una asignatura y los centros educativos no pueden imponer proyectos lingüísticos monolingües en catalán", advierte la asociación en un comunicado. Asimismo, insta a la Generalitat a garantizar "un equilibrio real y efectivo entre las dos lenguas oficiales, para que todos los alumnos salgan de la escuela dominando tanto el castellano como el catalán". La asociación ha considerado que los proyectos lingüísticos de los centros públicos y concertados deberán adaptarse a la sentencia, garantizando que el castellano se use como "lengua de aprendizaje en materias curriculares y no quede reducido a un papel marginal". El decreto 91/2024, que despliega el título 2 de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009, señala que el responsable del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) de cada escuela es el Departamento de Educación de la Generalitat y no la dirección, lo que, según los defensores del bilingüismo "da poder absoluto a la Generalitat para marcar las directrices lingüísticas en los centros". Con el objetivo de esquivar la sentencia que obliga a impartir, al menos, un 25% de las clases en castellano, la norma autonómica, enmendada por el TSJC, señala que " no pueden aplicarse porcentajes, proporciones o parámetros numéricos en la enseñanza de las lenguas". Con la misma finalidad, el texto prohíbe que los planes lingüísticos de los colegios puedan modificarse a medio curso. La anulación de las partes nucleares del régimen lingüistico del Govern es la antesala al esperado pronunciamiento del TC sobre la normativa aprobada por el Govern (una ley y un decreto ley) para frenar la aplicación de la sentencia del TSJC de diciembre de 2020 que obliga a impartir un mínimo de un 25% de castellano en todas las aulas de Cataluña. El fallo «histórico» del TSJC de 2020 supuso un fuerte espaldarazo judicial para las entidades que desde hace años luchan para que «cese la discriminación del español» en Cataluña. Tras la sentencia, la Generalitat, con ERC pivotando el Departamento de Educación, no tardó en reaccionar y aprobó, en el verano de 2022, un decreto ley (6/2022) , que impedía aplicar porcentajes en la enseñanza, y una ley (8/2022) para frenar la aplicación de esta sentencia. La Asamblea por una Escuela Bilingüe y Hablamos Español (HE) movieron pieza y apelaron las normas del Govern y el TSJC emitió un fallo a finales del verano en el que apuntaba que la respuesta legal que se construyó en la anterior legislatura, con un amplio consenso, para evitar la imposición del 25% de castellano en las escuelas podría tener vicios de inconstitucionalidad , por lo que la cuestión se elevó al TC, cuyo pronunciamiento podría ser inminente. Si decreta que la ofensiva legal del Govern es inconstituacional, el castellano, aunque sea en una proporción mínima, podría ganar músculo en todas las aulas, mientras que si da luz verde a la normativa, los defensores del bilingüismo lo asumirían como la «gran oportunidad perdida para poner fin a la exclusión del castellano. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
