El último mural de Banksy , aparecido el pasado lunes en la fachada del Tribunal Superior de Justicia de Londres, ha desatado una nueva tormenta política y legal. La obra, que representa a un juez golpeando con un mazo a un manifestante desarmado, fue denunciada como un caso de daño criminal a la propiedad pública. La Policía Metropolitana ha confirmado en un comunicado la denuncia y ha afirmado que continúan con las investigaciones. El mismo lunes, un portavoz judicial ya señalaba que el edificio donde se pintó el mural tiene una protección de grado I , lo que significa que se trata de un inmueble de importancia histórica excepcional y protegido por la ley, por lo que no se pueden realizar modificaciones que alteren su carácter. «Independientemente del autor, no podemos permitir pintadas en un inmueble catalogado». El hecho ocurre en un contexto de alta tensión social , después de las recientes detenciones masivas en protestas vinculadas al grupo Palestine Action , declarado ilegal por el gobierno británico. Para muchos activistas, el mural de Banksy era una denuncia directa al uso del poder judicial contra la disidencia. La reacción oficial no se hizo esperar: apenas horas después de su aparición, el mural fue cubierto con plástico negro y resguardado por vallas metálicas bajo vigilancia policial . Críticos del gobierno subrayan la ironía de que una obra que denuncia la represión y la censura haya sido silenciada tan rápidamente. Banksy, cuya identidad ha permanecido en secreto durante más de 25 años y ha sido objeto de numerosas especulaciones, estaría obligado a revelar públicamente su nombre si fuera llevado a los tribunales tras las pesquisas policiales. Diversos medios británicos señalan que el daño criminal conlleva una pena máxima de 10 años de prisión si causa más de 5.000 libras en daños y que si es inferior a a esa cifra, la pena máxima es de tres meses o una multa de 2.500 libras.
