El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso más en su estrategia de prevención de riesgos laborales con la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, un organismo que se integrará en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que contará con la participación de la patronal CECAM y de los sindicatos CCOO y UGT, y que comenzará a funcionar de forma inminente y que buscará la «siniestrabilidad cero» en la región. Será presentado oficialmente el próximo lunes por el presidente regional, Emiliano García-Page, acompañado de los agentes sociales, con quienes ya mantuvo una primera reunión al inicio del curso político. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha explicado tras aprobarse en el Consejo de Gobierno que este nuevo instituto nace con el propósito de dotar a la región de una «estructura sólida, con los recursos necesarios para impulsar políticas eficaces» que permitan reducir los accidentes de trabajo. «Se trata de un espacio de encuentro y consenso que persigue un objetivo claro: siniestralidad cero en Castilla-La Mancha», ha subrayado. Durante su intervención, la consejera ha insistido en que la siniestralidad laboral «no puede normalizarse» y que cada accidente de trabajo es «una tragedia que nos interpela como sociedad». En este sentido, ha recordado que el nuevo instituto desarrollará un plan de acción integral, que abarcará desde campañas de sensibilización hasta la definición de medidas y presupuesto, con un enfoque transversal y adaptado a los retos actuales del mercado laboral. «El esfuerzo de la Administración en prevención es real —con más presupuesto, nuevas líneas y programas, inspección reforzada y campañas específicas—, pero solo será eficaz si todos los actores implicados asumen su responsabilidad», ha señalado. En su opinión, corresponde a las empresas garantizar entornos seguros y a los trabajadores cumplir las normas de seguridad, porque «la prevención es una tarea compartida». Padilla ha puesto en valor los resultados del Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026, dotado con 40 millones de euros —un 50 % más que el plan anterior—. Según los datos de la Junta, la incidencia de la siniestralidad laboral en la región cayó un 13,6 % entre 2015 y 2024, y en el primer semestre de 2025 los accidentes se redujeron un 6,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. «No son cifras para conformarse, sino para confirmar que estamos en el camino correcto, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer» , ha advertido la portavoz del Gobierno regional. El decreto aprobado esta semana también introduce cambios en la organización de la Consejería para adaptarse al Reglamento europeo sobre indicaciones geográficas. Con ello, se refuerza la protección de los productos artesanales e industriales de Castilla-La Mancha. «Se trata de blindar y promover productos que forman parte de nuestra identidad cultural y que aportan un valor añadido a la competitividad de nuestras empresas», ha apuntado Padilla, situando a la región «en la vanguardia de la defensa de estas producciones».
