Celso Gamboa acude a la Fiscalía a denunciar presunta tortura
El extraditable y exmagistrado penal, Celso Gamboa, acudió a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la mañana de este miércoles, como testigo en una causa por presuntos actos de tortura y abuso de autoridad por parte de la Policía Penitenciaria en contra de privados de libertad en el ámbito de Máxima Seguridad de La Reforma.
Gamboa, fue detenido a petición de Estados Unidos, en una vía pública, el 23 de junio pasado, cuando salía de la casa de uno de sus clientes en Escazú. Desde entonces, permanece en dicho módulo de ese centro penitenciario en San Rafael de Alajuela.
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Según informó a La Nación, Natalia Gamboa, abogada y hermana del exmagistrado, el caso por el que acudió a la Fiscalía se investiga desde hace poco más de un mes. Ella afirmó que Celso también ha sido víctima de presuntos abusos y tortura.
Por su parte, Michael Castillo, otro de los abogados del exmagistrado, explicó a este diario que los privados de libertad son expuestos a extensos periodos de ayuno, pocas horas de sueño, cero acceso a medios de comunicación, limitado acceso a la defensa y a sus familiares.
Proceso de extradición
La documentación de la extradición del exmagistrado fue entregada por la Embajada de Estados Unidos al Tribunal Penal de San José, según informó el Poder Judicial.
Los papeles con los detalles de la solicitud de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ingresaron el 14 de agosto, y su recepción “fue puesta en conocimiento de todas las partes”.
A los extraditables se les dio audiencia de 20 días hábiles y el 23 de setiembre vence el plazo para contestar la solicitud de Estados Unidos.
Gamboa, señalado por el país norteamericano por el presunto delito de narcotráfico internacional, permanecerá en detención provisional por tiempo indefinido hasta que se resuelva el proceso de extradición, en el que también figuran el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata y Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato.
Así lo dictó una resolución del Tribunal Penal de San José, conocida el 22 de agosto a las 4:51 p. m. Ese día, el fiscal Elías Carranza argumentó, con base en jurisprudencia de la Sala Constitucional, que “no se violentan las garantías de las personas sometidas a este tipo de procedimientos, cuando se ordena su detención hasta que se resuelva de manera definitiva la solicitud de extradición planteada en su contra”.