Hasta 8 meses tardan bancos en dar datos clave al OIJ en investigaciones contra el crimen organizado
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, explicó este miércoles ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa la complejidad del proceso que enfrentan las investigaciones de crimen organizado y fraudes bancarios para acceder a información sobre cuentas de personas sospechosas.
Zúñiga acudió a la comisión para discutir un proyecto de ley que busca desjudicializar el levantamiento del secreto bancario en casos de crimen organizado.
“No tenemos una posibilidad o un músculo para que las informaciones que se le piden a los bancos se tramiten de forma rápida o expedita”, afirmó el jerarca.
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Zúñiga calificó el procedimiento actual como “irracional” e “ilógico”, ya que, si el OIJ requiere conocer si una persona posee una cuenta bancaria, debe presentar la solicitud a todos bancos del país, cuya respuesta puede tardar desde una semana hasta ocho meses.
Además, explicó que es necesario acudir personalmente a las entidades para entregar los oficios y que, una vez obtenida la respuesta, se procede a solicitar el levantamiento del secreto bancario de la persona investigada, trámite que podría tardar otros cinco meses.
El trámite, aseveró, provoca que las investigaciones se prolonguen durante meses y queden desfasadas de la parte contable de las pesquisas.
En algunas ocasiones, indicó, es necesario realizar allanamientos sin contar con el levantamiento del secreto bancario, porque la información no llega a tiempo y se recurre a otros métodos de investigación para armar los casos.
Para el director de la Policía Judicial, el análisis bancario debería estar completo antes del allanamiento, pues ese estudio permitiría reducir los plazos judiciales, que corren desde que la Fiscalía indaga a las personas hasta que una causa llega a juicio.
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Además, manifestó que el atraso en los bancos dificulta a las autoridades atender casos de fraudes y robos de dinero que, en los últimos cinco años, han provocado la sustracción de más de ¢120.000 millones.
La dimensión de la problemática, afirma, exige acción más rápida. “Hay que ponerle un plazo a los bancos”, recalcó.
Proyecto de ley
El jerarca emitió sus declaraciones en el marco de la discusión de un proyecto de ley que propone desjudicializar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones por delincuencia organizada.
La iniciativa, presentada por el Frente Amplio (FA), plantea reformar el artículo 18 de la Ley contra el Crimen Organizado. Actualmente, esta norma permite levantar el secreto bancario de personas físicas o jurídicas vinculadas a una investigación por delincuencia organizada, pero requiere la autorización de un juez a solicitud del Ministerio Público.
Según la exposición de motivos, la reforma busca agilizar el acceso del Ministerio Público a la información bancaria de los imputados en investigaciones por crimen organizado.
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Para ello, establece que las entidades financieras deberán responder en un plazo máximo de 10 días hábiles, previa resolución fundamentada del Ministerio Público, y limita la solicitud a la información estrictamente necesaria.
El jerarca explicó que en países como Canadá o Suecia se han implementado ya alternativas como esta para aligerar los plazos.
Por su parte, la diputada Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), pidió a Zúñiga justificar por qué debería excluirse a un juez del proceso de levantamiento del secreto bancario, cuando tanto la Constitución como el Código de Comercio reservan esa facultad a la autoridad judicial.
El jerarca sugirió que la medida se aplique únicamente en casos con declaratoria de crimen organizado; no obstante, reconoció que es una discusión que, “debe de abordarse”.
Agregó que, si la Sala Constitucional no aprueba la iniciativa, podría adoptarse un camino similar al que permitió la extradición de costarricenses —por nacimiento o por naturalización— cuando son reclamados para enfrentar acusaciones de narcotráfico o terrorismo, modificando únicamente esa parte del texto constitucional.
A su juicio, las organizaciones criminales deben ser desarticuladas y los delitos bancarios atendidos con mayor eficiencia.