Fiscalía debe actuar contra instigación al delito
Sin ningún tipo de mesura, la máxima autoridad edil de Lima, Rafael López Aliaga, calificó al periodista Gustavo Gorriti de “enemigo del Perú” y exhortó a que “hay que cargárselo de una vez”. Esa expresión, inequívocamente violenta, constituye para cualquier peruano mínimamente conocedor del lenguaje informal un llamado directo a eliminar físicamente a una persona.
No es cualquier vituperio. En lo que va de este año, dos hombres de prensa, Gastón Medina (en Ica en enero) y Raúl Celis (en Iquitos en mayo), han sido asesinados en el Perú mientras ejercían su labor informativa. Paralelamente, el país ha retrocedido en los índices de libertad de expresión y de prensa. Por un lado, el Índice Chapultepec de la SIP ubicó a Perú en la categoría de “alta restricción” de la libertad de prensa, y cayó del puesto 12 al 16 entre 22 países evaluados.
Como efecto inmediato, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha repudiado estas amenazas y advirtió que configuran un “grave atentado contra la libertad de prensa y un riesgo real para la seguridad personal de Gorriti”. El gremio periodístico internacional ha señalado que corresponde al Estado garantizar la protección de un periodista que ya cuenta con medidas cautelares de la CIDH desde 2023.
Más allá de la gravedad política del régimen de coalición autoritaria que acorrala sistemáticamente a los medios y promueve un clima hostil contra el periodismo, las expresiones del alcalde de Lima podrían configurar varios delitos.
El Código Penal define la instigación al delito (art. 24) como “el que dolosamente determina a otro a cometer un hecho punible”, en este caso el incitar a terceros a ejecutar un asesinato contra un periodista. Que quien ostenta la máxima autoridad edil de la capital y, además, tiene aspiraciones presidenciales haga un llamado abierto a eliminar a una persona constituye una afrenta inaceptable al Estado de derecho.
Sin embargo, este episodio no es aislado. Se suma a otras conductas impropias, como el reciente señalamiento de la procuradora Silvana Carrión, quien denunció chantajes e intentos de presión política por parte del burgomaestre.
El Ministerio Público tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de cualquier instigación al delito, mucho más cuando este compromete la propia vida. Defender la libertad de expresión y de prensa hoy es, también, defender la democracia en el Perú.