Rechazo total a la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Vox en el Pleno del Parlamento de Andalucía. El partido que lidera Manuel Gavira en la Comunidad planteaba que la Junta cerrara los centros de los centros de menores extranjeros no acompañados . A su vez, que se opusiera a la «reubicación o acogida» en Andalucía, mediante la disposición de recursos públicos, «de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España». Ni dinero público ni presencia en Andalucía «por la inseguridad que generan». La iniciativa solo ha recibido el apoyo del grupo proponente, por lo que ha cosechado los votos contrarios de los grupos Popular, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. El PP ha marcado claramente las líneas rojas con la formación conservadora, buscando el centro y la moderación y separándose de la postura de los extremos. La proposición de Vox planteaba dar prioridad temporal en el «cierre» a los centros de menores «cuya existencia genere mayor conflictividad y perjuicios a los vecinos». La defensa de la iniciativa ante el Pleno de la Cámara autonómica la ha asumido la diputada Purificación Fernández. Mientras se lograba esa aspiración, se pedía la Junta procurar «las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros , la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños«. Otra demanda a la Junta se dirigía a que ofreciera « transparencia en cuanto a la inmigración ilegal en Andalucía , informando detalladamente y desde el ejercicio 2019 del número de menores extranjeros no acompañados« tutelados por la administración autonómica; en qué centros están acogidos y qué »coste suponen para la administración, especificando la edad, el sexo y la nacionalidad«. Asimismo instaba a la Junta de Andalucía a publicar la cuantía de todas las «ayudas percibidas por inmigrantes ilegales por parte de la administración« autonómica. Vox también reclamaba a la Administración autonómica «las modificaciones legislativas necesarias de aquellas leyes de ámbito regional para incorporar el principio de prioridad nacional para el acceso a los servicios y prestaciones sociales en Andalucía». Vox planteaba establecer «el principio de prioridad nacional en las bases reguladoras de las subvenciones cuyos créditos presupuestarios correspondan en exclusiva a la Junta con el fin de garantizar la atención en primer lugar a españoles«. En el caso de la vivienda proponía ayudas al alquiler, aval para el acceso a la primera vivienda habitual o acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO). En relación con la educación, apostaba Vox por declarar gratuidad de la educación infantil (0-3 años), ayudas a comedor escolar, ayudas a transporte escolar o becas de estudios. En materia laboral, Vox proponía programas de inserción sociolaboral, cuota de autónomos, planes de formación o formación profesional para el empleo, mientras que, en materia de justicia, propone la asistencia jurídica gratuita. Otra demanda a la Junta era sobre «proteger la identidad cultural y las tradiciones propias de Andalucía y España, garantizando que no se impongan prácticas culturales contrarias a las libertades, costumbres y principios democráticos y sociales de nuestra región, con especial protección de la igualdad entre hombres y mujeres«. Se reclamaba también al Gobierno andaluz llevar a cabo un plan específico de apoyo económico para «que aquellos municipios andaluces más afectados por la presión migratoria puedan reforzar su seguridad«.
