Cuando un padre y una madre no se ponen de acuerdo sobre si su hijo tiene que estudiar mayoritariamente en valenciano o en castellano y votaron de forma diferente en la consulta de la lengua del Consell, el juez es el que va a tener la última palabra. Así lo recoge la Ley de Libertad Educativa del Gobierno de Mazón y así ha quedado en evidencia en la provincia de Alicante, donde ha trascendido el caso de una niña de Elche que con el curso ya empezado está a la espera de que un juzgado resuelva la disputa familiar.
