Crimen organizado gana terreno en centros educativos

Niños y adolescentes en Guatemala son presionados para integrarse a grupos criminales —narcotráfico y pandillas— que los usan como espías, cobradores de extorsiones y vendedores de droga. Los delincuentes buscan a sus víctimas en escuelas, institutos, colegios, centros recreativos, entre otros.

Por qué importa. El reclutamiento escolar provoca alarma entre estudiantes y sus familiares. Algunos padres optan por retirar a sus hijos para protegerlos de posibles represalias.

• En ocho años, los colegios priorizados por prevención del delito pasaron de 7 a 35, según el Juzgado de Ejecución de Medidas de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
• Las pandillas buscan menores de 8 a 17 años. Aprovechan que sus sanciones penales son menores. La mayoría de las víctimas son hombres.
• El problema afecta a las zonas 1, 5, 6, 12, 18 y 25. Además, de los municipios cercanos a la ciudad como Villa Nueva y Chinautla, donde la presencia policial se ha vuelto permanente.

En el radar. El fenómeno ya no se limita al entorno escolar: se expande a parques, canchas deportivas, colonias y redes sociales. Esta última modalidad es silenciosa, pues la comunicación se da en la virtualidad y pasa desapercibida por padres y tutores.

• Lidia Riz, Trabajadora Social de la Procuraduría General de la Nación (PGN), advierte que “la captación ahora ocurre también en videojuegos y chats”.
• Padres denuncian amenazas y hostigamiento digital. Los jóvenes reciben mensajes que simulan ser de compañeros para atraer los.
• Institutos y escuelas han solicitado vigilancia policial, pero la cobertura aún no alcanza a todos los centros en riesgo.

Punto de fricción. La burocracia para denunciar complica que se persigan los delitos y deja a las familias desprotegidas. También influye la falta de confianza en las autoridades, que se refleja en la descoordinación entre las instituciones.

• La madre de una adolescente (16 años) denunció que su hija fue presionada por pandilleros para espiar a comercios para extorsionar. Por miedo, solicitó a la directora del colegio clases virtuales.
• “Cada audiencia con la Policía y la fiscalía nos hacía revivir el miedo”, dijo la víctima, sobre su experiencia en el Ministerio Público (MP).
• La jueza Verónica Galicia señala que algunos fiscales desconocen los protocolos que protegen a los menores. “Ponen en riesgo a las víctimas” […] con cada citación obliga a los niños víctimas a repetir su testimonio una y otra vez. Al final los victimizan”.

Lo que sigue. Expertos coinciden en que se requieren reformas inmediatas y una estrategia integral de prevención. Actualmente, hay varias iniciativas, pero ninguna se ha materializado.

• Galicia recuerda que la ley permite grabar la primera entrevista del menor para evitar que repita su relato. Además, garantizar acompañamiento psicológico desde el primer día.
• Recomienda crear equipos especializados de la PNC y el MP para atender estos casos, proteger la identidad de los menores y reducir la exposición a los agresores.
• Si el Estado no actúa de manera coordinada, advierte Galicia, “la escuela pasará de ser un refugio a ser terreno para el crimen organizado y las pandillas”.

En conclusión. El fenómeno se ha intensificado y diversificado. Ya no se limita a las escuelas, alcanza espacios recreativos y plataformas digitales. La problemática expone a los jóvenes a riesgos físicos y psicológicos.

• La cobertura policial no alcanza todos los centros educativos, y la burocracia dificulta las denuncias; deja a los menores vulnerables.
• Sin acciones coordinadas, las escuelas podrían transformarse en espacios de riesgo en lugar de refugio para los jóvenes.