AMPI Monterrey pide incluir su voz en ley que busca regular las preventas en NL
Ante el creciente número de fraudes y retrasos en la entrega de departamentos adquiridos en preventas, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey pidió que se escuche la voz de los asesores inmobiliarios en la discusión de las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos que se analizan en el Congreso local.
En una reunión con los diputados José Luis Garza Garza y Sándra Elizabeth Pámanes Ortiz, el presidente de AMPI Monterrey, Juan Manuel Escobedo Garza, destacó la urgencia de establecer un marco legal claro para proteger a las familias que invierten en proyectos en etapas tempranas de desarrollo.
“Nosotros somos quienes damos la cara ante el consumidor final. Si un desarrollo no se entrega en tiempo y forma, es a nosotros a quienes señalan, aunque el desarrollador se retire. Por eso es vital que estas leyes contemplen mecanismos claros que protejan tanto a los clientes como a los profesionales inmobiliarios”, subrayó Escobedo Garza.
Actualmente, las preventas en Nuevo León (NL) operan sin una regulación específica, lo que ha permitido que algunos desarrolladores comercialicen proyectos sin contar con permisos municipales o factibilidad de servicios básicos, como agua, drenaje o electricidad.
Esta situación ha derivado en fraudes inmobiliarios que afectan directamente a familias que pagan anticipos por viviendas que nunca se entregan, así como en retrasos significativos que ponen en riesgo su patrimonio.
El diputado local Miguel Ángel García Lechuga, del PAN, presentó recientemente una iniciativa para reformar la Ley de Asentamientos Humanos, con el objetivo de cerrar el vacío legal y obligar a los desarrolladores a ofrecer garantías a los compradores.
La propuesta contempla que los desarrolladores deban respaldar sus proyectos mediante una fianza, seguro o aval bancario, a favor de los clientes.
AMPI Monterrey coincidió en la necesidad de regular las preventas, pero expresó su preocupación por algunos requisitos propuestos, como la exigencia de que los desarrolladores garanticen el 75% del valor total de un proyecto antes de comercializarlo, lo que, advirtió, podría dejar fuera a pequeños y medianos jugadores, favoreciendo solo a grandes corporativos.
Escobedo propuso que se consideren mecanismos ya existentes en el mercado, como los fideicomisos y créditos puente, que ofrecen certidumbre financiera sin frenar la inversión ni el dinamismo del sector.