Diosdado Cabello asegura que las personas que iban en la lancha atacada por EE. UU. "no eran narcotraficantes"
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que las once personas que viajaban en la embarcación atacada por Estados Unidos tuvieran vínculos con el Tren de Aragua o con algún cártel de drogas. Según el funcionario, las investigaciones realizadas en diversas localidades venezolanas no arrojan evidencia de nexos criminales por parte de las víctimas.
Cabello calificó de “mentiras y falsedades” las afirmaciones del Gobierno estadounidense y cuestionó el método utilizado para identificar a quienes se encontraban en la lancha. Por su parte, los familiares de las víctimas exigen la entrega de los cuerpos y rechazan cualquier vínculo con organizaciones delictivas.
Cabello denuncia “asesinato” y defiende la inocencia de los ocupantes de la lancha
El ministro señaló que, con base en las investigaciones llevadas a cabo en el país, ninguno de los ocupantes de la lancha tenía relación con cárteles de drogas ni transportaba estupefacientes. “Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos”, expresó durante una sesión plenaria del oficialismo, transmitida por VTV.
También ironizó sobre la supuesta capacidad de Estados Unidos para identificar desde el aire a los supuestos integrantes del Tren de Aragua. En su opinión, no existen métodos confiables para realizar esa acusación, y consideró que la narrativa estadounidense busca justificar el ataque.
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EE. UU. defiende el ataque y resalta su impacto contra el narcotráfico internacional
La Casa Blanca defendió la operación como un acto legítimo en el marco de un “conflicto armado” dirigido contra el Tren de Aragua, al que califica como una organización terrorista. Según las autoridades estadounidenses, la acción buscaba proteger sus intereses y reforzar la seguridad regional ante la amenaza de los cárteles.
La portavoz Karoline Leavitt destacó que el operativo pretendía enviar un mensaje a los narcotraficantes del mundo y subrayó que la droga incautada tenía la capacidad de causar miles de muertes en territorio estadounidense. No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional exigen que se demuestre que el uso de la fuerza fue estrictamente inevitable.