Otros 10 mil 805 funcionarios públicos de regiones salieron del país con licencia médica
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que otros 10 mil 805 funcionarios públicos que se desempeñan en servicios públicos con presencia regional salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.
Según el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría implicar el uso irregular de 15 mil 257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a Isapres.
Este reporte había sido comprometido por la contralora general, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
En él, se agrega que los titulares de esas 15 mil 257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26 mil 606 oportunidades.
En total de 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salida, mientras que 30 tienen más de 30 entradas y/o salidas del país. Tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir entre octubre y diciembre.
Respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, estos pertenecen a 442 entidades públicas de regiones. De ellas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.
Se destacan el Servicio de Salud Magallanes (mil 258 licencias), SLEP Chinchorro (mil 65 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
Estos más de 10 mil casos se suman a los 25 mil 78 funcionarios públicos dados a conocer el 20 de mayo pasado, en el marco del CIC N° 9.
Tras la presentación de este reporte, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.
Además, la información será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan.