Juzgado amplía medida cautelar contra falsos jardineros que extorsionaron a vecinos de Heredia y Alajuela
El Juzgado Penal de Heredia dictó este viernes tres meses más de prisión preventiva contra los miembros de una falsa empresa de jardinería y fumigación, que admitieron haber extorsionado a 13 vecinos de Heredia y Alajuela.
El 20 de agosto, tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Adjunta de Heredia, los nueve detenidos se sometieron a un proceso especial abreviado y el Tribunal Penal herediano los condenó a 99 años de cárcel, entre todos.
El Juzgado amplió la prisión preventiva a Calderón, Matamoros, Ramírez, Masís, Herrera, Calderón (mujer), Jiménez y Cordero, quienes fueron detenidos en enero de 2024, tras ocho allanamientos en viviendas ubicadas en la provincia de Cartago. La medida se extendió mientras la condena queda en firme.
El crimen se mete a las casas: así operan las extorsiones en Costa Rica
Los hechos que se les atribuyen ocurrieron entre el 4 de marzo de 2023 y el 23 de enero de 2024. En su mayoría, las acciones de los sentenciados habrían afectado a personas adultas mayores.
Extorsiones
De acuerdo con la acusación, los integrantes de la banda entregaban contratos simulados, en los cuales se establecía un precio bajo por cada litro del producto que se utilizaría en las labores contratadas. Con ello, ingresaban a las casas de los ofendidos, donde aparentaban realizar el trabajo.
Según la Fiscalía, una vez que finalizaban la tarea, la organización hacía creer a los clientes que habían utilizado grandes cantidades de producto y, entonces, procedían a cobrar nuevos montos.
Como el costo aumentaba, los ofendidos se negaban a pagar, pero los delincuentes aprovechaban que se encontraban en las propiedades de las víctimas, para intimidarlas y amenazarlas hasta que estas accedieran entregar el dinero.
Según informó el Poder Judicial, iniciaban cobrando ¢28.000 y, cuando variaban las condiciones, a través de métodos extorsivos, llegaron a recibir transferencias bancarias de entre ¢200.000 y ¢4.500.000.
Los condenados aceptaron haber generando un perjuicio económico de aproximadamente ¢10 millones.