Alcaldes presionan a Arévalo para sancionar decreto que quita controles al gasto
Más de 300 alcaldes se reunieron este miércoles en Ciudad de Guatemala para exigir al presidente Bernardo Arévalo la sanción del Decreto 7-2025. La norma permitiría ejecutar fondos públicos sin nuevos filtros, lo que ha encendido alertas sobre posibles abusos. El Ejecutivo aún no define si lo vetará o lo aprobará.
Es noticia. La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) lideró una reunión privada en zona 1 para afinar la entrega de 305 cartas dirigidas al presidente Arévalo, solicitando la sanción del Decreto 7-2025.
- Sebastián Siero, presidente de Anam, aseguró que “es el momento justo en el proceso donde podemos ingresar esta nota y pedirle al presidente que nos escuche”. Según explicó, más de 108 diputados y más de 305 alcaldes coinciden en que los retrasos en la ejecución de obras provienen de trabas institucionales dentro del Ejecutivo.
- En la misiva entregada a la Secretaría General de la Presidencia, Siero aclara que “el decreto en mención no modifica en forma alguna los requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado ni elimina los controles de fiscalización que corresponde ejercer a la Contraloría General de Cuentas”.
- El alcalde de Comitancillo, Werner Orozco, indicó que los cocodes —consejos comunitarios de desarrollo que representan a las comunidades en la planificación local— llevan años gestionando proyectos sin respuesta. “Los fondos no deben quedarse en arrastre”, afirmó.
Cómo funciona. El Decreto 7-2025 autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) a utilizar en 2026 los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024, sin necesidad de reprogramación ni dictámenes técnicos.
- La norma rompe el principio de anualidad presupuestaria y debilita la unidad del gasto público, lo que podría erosionar el control democrático sobre los recursos estatales.
- Establece mecanismos de “vía rápida” y aprobaciones tácitas, lo que permite que proyectos sean autorizados sin evaluación técnica, aumentando el riesgo de obras mal ejecutadas o innecesarias.
- Sectores académicos y empresariales advierten que el decreto crea una bolsa paralela de fondos sin control político, lo que facilita decisiones discrecionales y opacas.
Punto de fricción. El presidente Bernardo Arévalo recibió el Decreto 7-2025 el pasado 12 de septiembre y tiene hasta fin de mes para decidir si lo sanciona o lo veta. Desde el Ejecutivo, la postura ha sido cautelosa y crítica, especialmente frente al liderazgo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
- “No podemos permitir mecanismos que abran la puerta a la corrupción”, declaró Arévalo, quien aseguró que el contenido del decreto está siendo analizado por su equipo jurídico y financiero. Consultado por el llamado de Sebastián Siero a manifestar si se veta la ley, el mandatario respondió: “Es el mismo alcalde que no le gusta la lucha contra la contaminación… le gustan las causas perdidas”, en referencia al presidente de Anam y alcalde de Santa Catarina Pinula.
- Durante la jornada, Siero denunció públicamente que varios gobernadores han amenazado a alcaldes para que no soliciten la sanción del decreto. “Les dicen que se atengan a las consecuencias si lo hacen”, declaró a medios nacionales.
- Ante esta acusación, el Ejecutivo emitió un descargo: “Lastimosamente, el alcalde de Santa Catarina Pinula se ha caracterizado por instrumentalizar la política municipal en el país. Rechazamos categóricamente y lamentamos las irresponsables e infundadas declaraciones del alcalde”.