Salario mínimo… corre y va de nuevo

El debate anual sobre el salario mínimo revive con una propuesta del Gobierno de aumentar el 12 % para 2026. El riesgo de continuar con alzas sin base técnica es aumentar informalidad, frenar inversión y estimular migración.

Cómo funciona. El 15 de septiembre venció el plazo para que las seis comisiones paritarias entregaran propuestas a la Comisión Nacional del Salario (CNS). Aunque el ajuste incidirá solo en una quinta parte de los ocupados, su alcance político y económico condiciona la competitividad nacional.

• Si bien las recomendaciones pasan a la CNS, estas no son obligatorias ni vinculantes. La decisión final siempre recae en el mandatario de turno.

• El ajuste salarial es más que un número. Este redefine la viabilidad de las empresas en un país donde la productividad no siempre acompaña los costos laborales.

• Un diseño de revisión anual consume meses de recursos sin modificar la raíz del problema: la escasa creación de empleo formal.

Punto de fricción. David Casasola, investigador asociado del CIEN, explica que los incrementos anuales ocasionan incertidumbre y empujan a las empresas a automatizar procesos o reducir plazas. En los últimos dos años, estos no produjeron mejoras en formalidad o competitividad.

• Unos 2M de guatemaltecos están en el sector formal, mientras que el 80 % de trabajadores vive en la informalidad. “Los ajustes no modifican las condiciones de subsistencia de estos últimos”, advierte el analista.

• El economista asegura que la desconexión entre política salarial y problemas estructurales perpetúa la falta de empleo formal. Esto reduce el sueldo a un mero recurso aspiracional.

• Mientras tanto, la revisión anual expone a las empresas a una incertidumbre constante. Frena sus inversiones y planificaciones de largo plazo.

Visto y no visto. “La metodología actual depende de confrontaciones y no de criterios técnicos que midan productividad, inflación y capacidad de pago”, menciona Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del CACIF. “No es solo un aumento a la nómina”.

• “Ese balance ya no existe”, enfatiza. Explica que el costo laboral supera lo que muchos trabajadores aportan en productividad. Esto obliga a sustituir empleos por tecnología o cerrar operaciones.

• La sostenibilidad está en riesgo: en menos de dos años los incrementos suman más del 20 %, mientras la inflación ronda apenas el 2 %. “No hay justificación técnica”, recalca Lee.

• El impacto ya se refleja. Desde 2020, Guatemala pasó de crear 100 000 plazas formales anuales a solo 60 000 este año, dejando a 40 000 jóvenes sin oportunidades y empujados hacia la informalidad o la migración.

Lo que sigue. Los expertos coinciden en que el debate debe ser en cómo diseñar los aumentos. Las decisiones deberían basarse en método y productividad, no en confrontaciones anuales.

• Una metodología que combine inflación, costo de vida y productividad permitiría ajustes sostenibles para empresas y trabajadores.

• Casasola plantea que pactos de mediano plazo —como sucede en otros países de la región— darían previsibilidad y evitarían la volatilidad de decisiones políticas anuales. Se debe vincular productividad, inflación y costo de vida.

• “Sin empresa que pague, no hay salario”, advierte Lee. Subraya que el verdadero desafío es preservar empleos.