La Asociación Equiparación Real, que vela por los derechos de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional , ha presentado una reclamación administrativa al Ministerio del Interior exigiendo que se reconozca la labor de los agentes de los dos cuerpos más importantes del país como profesión de riesgo y tengan la oportunidad de gozar de las mismas condiciones que Mossos d' Esquadra o la Ertzaintza. A comienzos de verano, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a reconocer como profesión de riesgo a treinta mil Policías Nacionales. Un éxito para parte de los agentes del cuerpo que dispondrán de unas condiciones de jubilación iguales que otras unidades en España. Según denuncia la asociación, junto a Durán y Durán Abogados, se trata de «de una reivindicación histórica, respaldada por la experiencia de miles de agentes» que cada día «arriesgan su vida». Que a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se les considere trabajadores en una profesión de riesgo significaría, en grandes rasgos, acceder al régimen de jubilación anticipada. En la actualidad, agentes de cuerpos como los Mossos tienen la oportunidad de jubilarse a los 59 años con la pensión máxima. Para explicar la razones para exigir el reconocimiento de profesión de riesgo, la asociación explica que los agentes sufren una «alta exposición al peligro y al estrés», una «mayor incidencia de lesiones, enfermedades profesionales y suicidios», que deben realizar «servicios nocturnos, turnicidad, intervenciones en terrorismo, violencia de género, crimen organizado» y luchar con una pesada «una carga emocional y psicológica acumulada que excede lo que puede considerarse razonable sin protección adicional» «Los cuerpos policiales autonómicos y locales sí han sido reconocidos legalmente como profesiones de riesgo», denuncia la asociación, añadiendo que «esta situación vulnera el principio de igualdad material, y perpetúa una doble escala de derechos en el seno del propio sistema de seguridad pública». Por todo ello, solicitan al Ministerio del Interior y al Ministerio de Inclusión «el inicio de los procedimientos necesarios para declarar oficialmente la condición de profesión de riesgo». La reclamación administrativa es el primer paso antes de un procedimiento judicial por la vía civil. Una ruta que podrían tomar si desde la cartera de Grande-Marlaska no se aceptan sus peticiones. «No se trata de un privilegio», recuerdan, comentando que «se trata de proteger a quienes nos protegen, de corregir una omisión histórica y de garantizar un trato igualitario y digno dentro del propio sistema público de seguridad». La asociación que afirma que está respaldada por 22.000 agentes de Policía y Guardia Civil. Hace un año presentó una demanda para exigir la equiparación real.
