El trato singular que el Gobierno de Sánchez le ha concedido a Cataluña, urgido por no perder en favor de sus socios separatistas, no solo es un despropósito desde el punto de vista político sino que desde la óptica de lo técnico resulta absolutamente contraproducente. Lo saben bien los inspectores de Hacienda del Estado, que han sido el colectivo profesional que de manera más temprana y vehemente ha advertido de los riesgos del pacto político para asegurar una financiación singular a Cataluña. Las razones son múltiples y de peso, pero destaca sobre todas las demás que va contra el interés general, lisa y llanamente, a lo que hay que sumar que será una vía de agua en la lucha contra el fraude. Tal y como está formulada la cesión de Sánchez a sus socios, que también lo son de Illa en la Generalitat, lo que se plantea es modificar el sistema fiscal y cambiar el sistema fiscal es cambiar el Estado por la puerta de atrás.
