El Servicio Jesuita de atención a los inmigrantes denuncia falta de transparencia en la gestión de los CIE
“Persiste la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos estatales que informen periódicamente sobre internamientos, repatriaciones y procedimientos aplicados durante todo el proceso de detención, privación de libertad y retorno forzoso en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros)”. Así se denuncia en el informe que mañana será presentado en el Congreso de los Diputados por el Servicio Jesuita a Migrantes (SMJ).
Esta entidad, que el año pasado atendió globalmente a más de 40.000 personas, subraya, asimismo, “la falta de mecanismos efectivos de acceso a la defensa y tutela judicial: el laberinto legal de los procedimientos de expulsión e internamiento que provoca indefensión y ausencia de garantías, especialmente en el momento del internamiento y la eficacia en el acceso a abogados/as para los distintos asuntos procesales en curso”.
Los CIE, en opinión del SMJ, siguen ausentes del debate social y político, en un contexto decisivo, marcado por cambios normativos como la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), la reforma de la Ley de Extranjería y la proliferación de discursos que criminalizan a las personas inmigrantes.
En el informe que será expuesto mañana se recuerda que durante el año pasado estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid (tras la reapertura de Aluche a finales de 2023). El de Tenerife permaneció inactivo por tercer año consecutivo. El nuevo “macro” CIE de Algeciras-Botafuegos se encuentra en fase de construcción.
Durante 2024, fueron internadas 1.863 personas, cifra inferior a las 2.085 de 2023. Entre ellas se registró un incremento de mujeres, 85 frente a las 64 mujeres internadas en 2023. La mayoría de los internamientos se produjeron por causa de expulsión: 1.563 personas (83,90%) frente a 300 por devolución (16,10%). Las personas acompañadas por SJM contaban con largo tiempo de arraigo e inclusión en España, el 59,6% llevaba de uno a siete años. Además, tenían una edad comprendida entre 25 y 46 años, destacando las nacionalidades de Colombia y Marruecos.
“La privación de libertad en CIE penaliza a personas migrantes con arraigo, familia y trayectorias de inclusión en España, aplicándose a menudo de forma innecesaria y con liberaciones lejos de su lugar de residencia”, agrega la memoria.
1.037 personas fueron repatriadas forzosamente desde CIEs (55,61% de las internadas). De ellas, 977 por orden de expulsión y 60 por devolución por prohibición de entrada. Cerca de la mitad de las personas internadas no fueron repatriadas. Se aplicaron 14 protocolos de prevención de suicidio y de otras formas de autolisis, 166 separaciones preventivas y 358 quejas, concentradas sobre todo en Madrid y Barcelona, los centros con mayor internamiento.