Este miércoles el Gobierno vasco y el central entablarán conversaciones sobre la posibilidad de que el País Vasco entre en la gestión de los tres aeropuertos de la región (Loiu, Foronda, Hondarribia). Una cita que Pedro Sánchez y el lendakari, Imanol Pradales, fijaron en la última reunión de la comisión bilateral celebrada el 15 de julio. Entonces ambas partes acordaron crear una subcomisión para estudiar la «viabilidad y las fórmulas negociales» de cara a que «Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general» situados en la comunidad autónomas. Así, María Ubarretxena, portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, Administración digital y Autogobierno se desplazará mañana a la capital para iniciar la negociación, que debe dar resultados en un plazo de cuatro meses . Hoy, Ubarretxena, con creciente protagonismo en el seno del Ejecutivo regional, pues lidera los trabajos para hacer efectivas las transferencias pendientes a la hora de completar el Estatuto de Guernica, se ha mostrado positiva a la hora de cerrar una fórmula que permita al Gobierno vasco entrar en la ecuación. «Es un tema capital como país», ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno en Vitoria. La complejidad del asunto deriva, y tal y como ella misma ha explicado, que Aena, que «cuenta con capital privado y cotiza en bolsa», tiene la titularidad de los aeródromos. Concretamente, un 51% de su accionariado pertenece al Estado y un 49% a actores privados, que ya han rechazado la medida. Así, fue el viernes de la semana pasada, a tan solo cinco días de iniciarse las negociaciones, cuando la sociedad estatal hizo públicas las quejas de uno de sus accionistas (TCI Fund, con un 6% del capital), en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante las noticias que se venían conociendo por los medios de comunicación sobre el asunto. En él, Aena salía en defensa de la «gestión integrada» de los aeropuertos, en contra de la participación de las comunidades autónomas (el Govern de Cataluña también mantiene una posición similar al del País Vasco). Todo ello, justificado en base al «buen funcionamiento de la economía española, los derechos que asisten a sus accionistas (públicos y privados), y, sobre todo, la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario». La sociedad reclamaba «respeto» al modelo, en un momento en el que inicia un periodo de «fuertes inversiones» para modernizar sus infraestructuras (13 mil millones de euros para el periodo 2027-2031). «A día de hoy, ninguna propuesta, proyecto o decisión políticos que conozca Aena ha alcanzado el grado de concreción y madurez que requiriera una actuación de la Sociedad, que sería inmediata y contundente», advertían sobre la posibilidad de tomar acciones en defensa de la legalidad y de los derechos de los accionistas. Pese a lo anterior, la reunión sigue adelante, a la espera de que ambas partes concreten los detalles sobre un futuro acuerdo. «Todas las transferencias tienen su periodo de negociación. Hay diferentes opiniones, pero lo importante es llegar a un acuerdo», ha dicho hoy el vicelendakari Mikel Torres, que forma parte de la cuota socialista en el Gobierno de coalición entre el PSE y el PNV en el País Vasco, preguntado sobre la polémica. «No tenga ninguna duda de que vamos a llegar a un acuerdo», ha insistido.
