El Govern catalán ha aprobado este martes un decreto ley para hacer efectiva la condonación de los pagos indebidos derivados de la gestión de prestaciones sociales a los jóvenes extutelados. El texto fija que el ejecutivo autonómico renuncia a pedir la devolución de los importes pendientes hasta la entrada en vigor del decreto a las personas que sean o hayan sido receptoras de la prestación para jóvenes extutelados que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Según ha informado el Govern catalán en una nota tras la reunión ordinaria celebrada este martes, la medida se explica «en términos de justicia social», ya que la reclamación de la deuda, especialmente si es de cuantía elevada, puede comportar un empeoramiento de la situación de vulnerabilidad. De esta manera, la Generalitat renuncia a recuperar un dinero (la Sindicatura de Cuentas detectó hasta 167 millones de euros indebidos) que es de las arcas públicas. El decreto no tendrá efecto cuando se haya constatado que la persona interesada ha facilitado información falsa o manifiestamente errónea para poder recibir la prestación. La decisión fue avanzada hace unos días por la Consejería de Derechos Sociales e Inclusión, que tiene en marcha medidas para la detección y la reducción de los importes indebidos a través de la transformación de la administración. El Síndic de Greuges pidió que se condonara esta deuda.
