El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha acordado indemnizar con 160.000 euros a los padres de una recién nacida fallecida en el Hospital General de Tomelloso en noviembre de 2013. El pacto, alcanzado entre la aseguradora del organismo sanitario y la familia, representados por el abogado Francisco Fernández Bravo de la Asociación 'El Defensor del Paciente'. El caso se inició el 14 de noviembre de 2013, cuando N.M.L., embarazada de 40 semanas y dos días, acudió al hospital tras romper aguas. Pese a que se detectó líquido amniótico teñido de meconio, una sustancia que expulsa el feto antes de nacer y que puede ser peligrosa si se inhala, no se le realizó un control constante como marcan los protocolos. Según la denuncia, pasaron más de cinco horas hasta que la madre fue monitorizada de forma adecuada. Cuando finalmente se detectaron signos de sufrimiento en el bebé, se decidió practicar una cesárea de urgencia. Valeria nació con restos abundantes de meconio en vías respiratorias, lo que dificultaba su respiración. En lugar de ser trasladada a una unidad de cuidados intensivos para una vigilancia estrecha, fue llevada directamente a planta, a pesar de que presentaba señales claras de debilidad y poca actividad. Su estado empeoró con rapidez y los médicos optaron por intubarla para ayudarla a respirar. Sin embargo, la maniobra se realizó de manera incorrecta: el tubo se colocó en un bronquio equivocado, provocando que un pulmón se rompiera y el otro se colapsara. Una simple radiografía, según los expertos, habría permitido detectar el fallo a tiempo. Debido a la gravedad de la situación, Valeria fue trasladada al Hospital La Mancha Centro, en Alcázar de San Juan. Allí sufrió una parada cardiorrespiratoria irreversible y, pese a los esfuerzos de los facultativos, no logró sobrevivir. La familia presentó entonces una demanda de responsabilidad patrimonial contra el SESCAM en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Ciudad Real. Tras varios años de procedimiento, se ha alcanzado finalmente un acuerdo que pone fin al proceso judicial. Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, lamentó los hechos: «Es muy triste que se acabe con la vida de una bebé que venía en perfecto estado de salud y que se frustren la tremenda ilusión de unos padres que esperaban a su primera hija por una absoluta falta de diligencia en el seguimiento de un parto». Por su parte, el abogado Francisco Fernández-Bravo subrayó la gravedad de la negligencia: «Es vergonzoso que no se hiciera una simple radiografía para comprobar que la intubación había sido correcta, eso habría salvado la vida de Valeria».
