Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente
La ley 32451, publicada en el Diario Oficial El Peruano, modifica la Ley de Delitos Informáticos e incorpora sentencias a criminales que utilizan líneas telefónicas fraudulentas para realizar estafas. Entre las medidas más severas se incluye la nueva tipificación del delito de activación de SIM Cards con datos falsos o sin el consentimiento del titular, el cual será castigado con penas que oscilan entre cuatro y ocho años de prisión.
La ley también apunta directamente al comercio informal, estableciendo una sanción para quienes vendan líneas móviles en la vía pública o de forma ambulatoria sin la debida autorización. Esta práctica se castigará con penas de cárcel de uno a cuatro años, además de una sanción económica. La acción con mayor sanción penal es la de proveer una SIM Card activada ilegalmente, cuya pena oscila entre los 5 a 9 años.
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Con estas modificaciones, el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos se refuerzan, obligando a las operadoras a facilitar información detallada a Osiptel y a las autoridades.
Nuevas obligaciones para Osiptel
La reciente normativa que busca combatir los delitos informáticos y la extorsión ha dotado al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) de nuevas facultades de fiscalización. Según lo publicado en El Peruano, las empresas operadoras de telefonía móvil están ahora obligadas a garantizar el acceso total a la información clave de sus sistemas, específicamente aquella vinculada a los procesos de comercialización, contratación y activación de servicios. Este flujo de datos debe ser facilitado a través de herramientas informáticas que permitan una revisión exhaustiva y constante por parte del supervisor.
La información que las operadoras deben poner a disposición incluye la identificación completa del personal involucrado en cada proceso de venta o activación. Además, estos datos no solo están destinados a Osiptel, sino que deben estar inmediatamente disponibles para el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades competentes. Con esta medida, se busca cortar de raíz la posibilidad de que se activen líneas fraudulentas que luego son utilizadas en delitos de alto impacto como el 'SIM swapping' o la extorsión.