La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha lanzado una seria advertencia a los ayuntamientos y diputaciones de la región por el uso abusivo de la contratación menor y las graves deficiencias en la rendición de cuentas de los contratos que formalizan . En su informe sobre el ejercicio 2022, el órgano fiscalizador emite una opinión desfavorable al constatar que más de la mitad de las entidades incumplieron con su obligación legal de comunicar los contratos, lo que pone en entredicho l a transparencia y el control del gasto público. El sector público local de la región está formado por 1.194 entidades , entre ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos y sociedades públicas. De todas ellas, solo 390 (un 32,6%) remitieron en plazo la información contractual de 2022 al Tribunal de Cuentas o a la propia Cámara. Un año después, a 31 de diciembre de 2023, la ratio mejoraba hasta el 43,8%, lo que equivale a 523 entidades. La conclusión es evidente: más de la mitad del sector público local incumplió con su deber legal. El informe también alerta de que varias entidades certificaron no haber celebrado contratos en 2022, cuando en realidad sí lo hicieron . En más de medio centenar de casos, las propias cuentas municipales revelaban gastos de naturaleza contractual por un importe conjunto superior a 13 millones de euros, pese a haber declarado lo contrario. Para la Cámara, estas omisiones socavan gravemente la fiabilidad de los datos sobre contratación pública en Castilla-La Mancha. Otro de los aspectos más relevantes del informe es el recurso masivo a la contratación menor y a la adjudicación directa . De los 43.138 contratos comunicados por las entidades cumplidoras, 39.664 se tramitaron sin procedimiento competitivo previo. Aunque el importe de estos contratos menores (126 millones de euros) es inferior al de los contratos mayores (582 millones), su número refleja un uso abusivo de un mecanismo que la legislación concibe como excepcional. La Cámara recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público busca limitar la contratación directa a supuestos muy concretos, garantizando en el resto de los casos la libre concurrencia, la transparencia y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en 2022 más del 90% de los procedimientos utilizados en el ámbito local fueron de carácter extraordinario y no competitivo. Las deficiencias no se limitan a la falta de rendición de cuentas ante el órgano fiscalizador de Castilla-La Mancha. Además de que la mitad de los expedientes analizados llegaron fuera de plazo, con un retraso medio de 260 días, en casi dos tercios de los casos faltaban documentos esenciales como los pliegos de cláusulas administrativas o los acuerdos de adjudicación, que solo se aportaron en el 46% y el 22% de los casos, respectivamente. En total, únicamente el 16,7% de los contratos revisados cumplía con todas las menciones obligatorias que exige la Ley de Contratos , lo que significa que la inmensa mayoría presentaba deficiencias de forma o de fondo. El informe también constata incoherencias significativas entre la información remitida a la Cámara de Cuentas, lo publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y lo inscrito en el Registro de Contratos. De hecho, centenares de entidades que no habían rendido información al órgano fiscalizador sí tenían contratos publicados en la plataforma nacional por importes millonarios. Además, solo un 5% de las entidades cumplió con la obligación de inscribir sus contratos en el registro oficial, lo que refleja un incumplimiento generalizado. Ante este panorama, la Cámara de Cuentas plantea varias recomendaciones. Propone reforzar la rendición de información contractual y asegurar que los formularios se cumplimenten de forma completa y correcta. Pide también ordenar el uso de la contratación menor y fomentar los procedimientos ordinarios que garantizan la libre concurrencia. Asimismo, sugiere implantar mecanismos de contratación conjunta, como centrales de compras provinciales , que permitan a los municipios pequeños mejorar la eficiencia y reducir la dependencia de contratos menores.
