La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aprovechado las dos medidas que puede aprobar sin pasar por el Congreso para responder al veto de su ley de jornada laboral con la activación exprés de su registro de jornada y el inicio del proceso para aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz quiere actuar con contundencia en dos aspectos que han levantado resquemor entre los empresarios tanto por el coste económico que suponen ambas iniciativas como el impacto organizativo que conlleva hacerlo en tan poco tiempo. Porque el Consejo de Ministros aprobó ayer la tramitación urgente del real decreto por el que Trabajo impulsará un registro digitalizado, automático e interoperable con la Inspección. Al habilitarse la vía...
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