La polémica sobre el contrato para el suministro de equipos de respiración pulmonar portátiles para tratamiento del Covid 19 vuelve a estar sobre la mesa. Según un documento del grupo parlamentario popular al que ha tenido acceso ABC, el Tribunal de Cuentas tendrá que decidir si investiga o no los motivos de la adjudicación del contrato por parte de Ingesa –Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad– a la empresa Escribano Mechanical and Engineering (EM&E). Así, «al amparo de los dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, respecto de la iniciativa fiscalizadora de las Cortes Generales, y de acuerdo con el artículo 12 de la misma...
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