En pleno escándalo po r los múltiples fallos de las pulseras antimaltrato contratadas por el ministerio de Sanidad , el Consejo de Ministros anunció ayer una nueva ley para castigar como delito contra la mujer la llamada «violencia vicaria» y prohibir publicaciones sobre las circunstancias de estos crímenes. Este delito lo comete el hombre que lesiona o mata a los hijos de su pareja femenina, con la intención de hacerle un daño insufrible. El autor podrá ser condenado a una pena de hasta tres años de prisión por el perjuicio psicológico causado a la mujer. Ya en 2021, el parlamento gallego por unanimidad, y con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia de la Xunta, incluyó la violencia vicaria en la ley autonómica sobre prevención y tratamiento de la violencia de género. El problema vuelve a ser la utilización política que hace de ella el Gobierno para rescatarse a sí mismo y a la ministra Redondo, de sus responsabilidades políticas por la inaceptable chapuza de las pulseras antimaltrato . Sin embargo, el efecto propagandístico del anuncio del Consejo de Ministros quedó seriamente dañado por el comunicado de más de cien jueces de violencia contra la mujer, que han advertido del colapso que se avecina para sus juzgados y acusado al ministro de Justicia de consentir el caos, pues estaba avisado desde hace seis meses. La causa es que estos juzgados asumirán la investigación de todos los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, al margen de cualquier relación de pareja con el agresor. Si ya la carga de trabajo actual de estos juzgados, sin medios ni personal especializado suficientes, es inasumible, este aumento de asuntos provocará nuevas disfunciones en la protección de la mujer. El Gobierno no ha aprendido nada del desastre de la ley del «solo sí es sí».
