Presionar a la autoridad electoral
Presionar, asfixiar, desprestigiar, colonizar, maniatar o desaparecer a los organismos constitucionales autónomos es el signo de la casa desde hace siete años; es una estrategia que, en materia electoral, ha servido al oficialismo para evadir responsabilidades, imponer su voluntad y para violentar sistemáticamente el marco legal que rige las elecciones en México.
La historia del periodo de Andrés Manuel López Obrador registra una encarnizada lucha en contra del Instituto Nacional Electoral y del Poder Judicial, que recientemente fue doblegado y cooptado.
En contra del INE hay muchos episodios, sobre todo durante los periodos de aprobación de sus techos presupuestales, como ocurrió para el ejercicio fiscal de 2022, cuando la Cámara de las y los Diputados le recortó poco más de 4 mil 900 millones de pesos de los recursos originalmente solicitados, circunstancia que comprometió la organización del primer ejercicio de revocación del mandato, convertido por el morenismo y sus servidores públicos en una oportunidad para medir e incrementar la popularidad de AMLO y de paso desvirtuar la esencia legal de la revocación que, en rigor, fue un ejercicio a la mexicana de ratificación del mandato.
Ante el descomunal recorte, el INE interpuso una controversia constitucional reclamando la entrega de los recursos que necesitaba para cumplir su responsabilidad y acordó, en diciembre de 2021, suspender temporalmente la organización del ejercicio, acuerdo que fue revocado días después por el tribunal electoral, por lo cual el INE reanudó de inmediato las actividades.
Resultado final: la Corte solo ordenó a la Cámara motivar la reducción presupuestal; el tribunal electoral ordenó reanudar las actividades y el INE convocó un ejercicio con solo la tercera parte de las casillas que debió instalar, una participación de apenas el 17.7% del electorado y la interposición de una queja del representante de Morena ante el Órgano Interno de Control por un supuesto abuso de autoridad de seis consejeras y consejeros que acordaron dicha suspensión.
La presentación de la queja denota el oportunismo oficioso de su autor y un afán desmedido por congraciarse con el entonces presidente, pero también evidencia el talante autoritario de políticos que ejercen la mayoría y buscan imponer su voluntad, aunque no tengan la razón, pasando por encima de instituciones y procedimientos legales.
Es un acto de presión política y de revancha, que curiosamente fue revivido 4 años después, sobre el que Ricardo Monreal anunció que el promovente se desistiría, aunque en los hechos, el desahogo del procedimiento continúa.
En mi opinión, la denuncia es improcedente, porque las consejerías implicadas tomaron decisiones colegiadas, grupales, en el seno del órgano de dirección más importante del INE; no actuaron al amparo de su libre albedrío.
Tomaron una decisión en el marco de un órgano interno competente para ello y, además, motivaron su decisión, y explicaron públicamente la imposibilidad de organizar la revocación del mandato por la falta de recursos que le fueron recortados por la Cámara de las Diputaciones, que hacía inviable la instalación de todas las casillas, tal y como ocurrió el 10 de abril de 2022.
Se trata de un hecho inaceptable de presión ante decisiones, fundadas y motivadas, de autoridades incómodas; otro precedente nocivo en el tambaleante Estado de derecho que vivimos en el país, un acto de persecución en contra de funcionarios y exfuncionarios que, por cumplir con sus responsabilidades, son antipáticos y se les considera enemigos del régimen.