La captura del INDH
Como se ha presenciado en la Asamblea General de la ONU este septiembre, hay gobiernos y fuerzas políticas a nivel mundial que están avalando la violación y fragilización de las normas internacionales de los derechos humanos, sea porque justifican el genocidio, las guerras de invasión, los bombardeos a naciones neutrales o represiones a grupos de población por su origen nacional, derechos sexuales, origen étnico, y a la vez recortan presupuestos para evitar que estas instituciones funcionen.
En este contexto, que se agudiza año a año, Sergio Micco ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación debido a la presentación que hará de un libro con sus vivencias como director del INDH en el período del “Estallido social”; también recientemente, le han realizado una entrevista a otro ex director, B. Marelic. En ambos casos hay, entre otros temas, una crítica al organismo, a su consejo y a sus funcionarios; lo que llaman “gobernanza”.
El primero ataca la conducta del Consejo INDH para el “estallido social” porque él se opuso en definir como “violaciones sistemáticas de derechos humanos” lo ocurrido en ese período. Es importante recordar la idea completa, pues declaró que no eran sistemáticas y que “quien diga lo contrario tiene que probarlo”. En otras palabras, el organismo dedicado a proteger los derechos humanos debía esperar que otros lo probaran, lo que derivaba en no investigar la potencial sistematicidad.
Aún así, es importante señalar que el Consejo en pleno declaraba, ya al 4 de noviembre “la existencia de violaciones a derechos humanos graves y numerosas, así como su condena. Asimismo, se dijo que el carácter que pueden tener estas vulneraciones estaba en evaluación, sin que pudiera aún afirmarse que sean sistemáticas, ni tampoco que pudiera descartarse” (IA,2019, pág 15). Este era el centro, la gravedad y masividad de las violaciones que debían detenerse, cuestión que no ocurrió durante semanas. Aylwin en Estadio Nacional en marzo 1990 hizo suyo el “Nunca Más” y eso era lo que estaba siendo cuestionado con el accionar represivo de los agentes del Estado.
Señalo lo anterior, pues el punto del debate no se centró en la sistematicidad, si no en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, las que, luego del 4/11, siguieron sucediendo. El Informe Anual 2019 demostró que no era un “estallido delictual”, que fue producto de las grandes desigualdades sociales que se venían manifestando en las críticas y movilizaciones pacíficas desde hacía casi una década y que nuestro sistema democrático no resolvía.
En sus entrevistas S. Micco ha afirmado que había un intento de “golpe de estado” no tradicional y que él emergió como la figura necesaria para evitarlo al no declarar la sistematicidad de las violaciones. Pero fue el propio Jefe de la Defensa Nacional el que había declarado “La verdad es que no estoy en guerra con nadie”, contradiciendo al propio Presidente Piñera. Pero lo central es que el INDH debía proteger los derechos de la población que se manifestaba y alentar los mecanismos institucionales para sortear la crisis política, cosa que ocurrió con el acuerdo del 15 de noviembre, que encauzó el conflicto ´por la vía democrática.
Por su parte, B Marelic viene en declarar que lo central del problema INDH es su gobernanza, la “producción de corrupción” de los miembros del Consejo y la captura de la institución por un grupo de ONGs. A pesar de reconocer que la Comisión de fortalecimiento del INDH le pidió opinión, insólitamente dice que “por cosas de tiempo no la pude responder”. Y, aun así, no propone nada muy consistente. Por ejemplo, señala la necesidad de “un mecanismo “lo más imparcial posible” -sin explicar cuál-, para que el INDH deje de estar capturado por las organizaciones de derechos humanos que “son como fundamentalistas, son como una religión”; sin hacer distinciones entre ellas.
La similitud del planteamiento de ambos ex directores es impedir que se exprese la sociedad civil en ese organismo a través de su Consejo y que se cuotee en el parlamento. Sería importante evaluar las representaciones que ha tenido y el rol y los aportes realizados por esas designaciones en la evolución del INDH. También es importante considerar en este debate la experiencia y situación de los INDHs de la región que han sido capturados por gobiernos autoritarios -como Venezuela, El Salvador, Perú y otros, producto de los mecanismos de designación y atribuciones, lo que actualmente los tiene al servicio de quien gobierna.
Por otra parte, las recomendaciones consensuadas por la Comisión de Fortalecimiento del INDH son desechadas, a pesar que propone un conjunto de medidas administrativas y otras legislativas que permitirían mejorar la acción autónoma y eficaz de protección de los derechos humanos en un sentido amplio para todos los habitantes del país. Es bueno recordar, entonces, que entre esas recomendaciones están el crear una dirección ejecutiva para la gestión institucional, hacer cambios en el Consejo, cumplir con condiciones de trayectoria para postularse, establecer normas de relación con sedes regionales, tipo de relación con otros poderes del Estado, fortalecimiento de la relación con la sociedad civil y ampliación de sus vínculos con ésta.
Es necesario añadir que en sus funciones de Directores nunca hicieron propuestas de reformas que mejoraran la eficiencia, transparencia y formas de contratación de funcionarios en el INDH.
En general ambos tienen una queja permanente de la forma cómo han sido tratados al gestionar el INDH, pero es importante afirmar que en la propia institución siempre la relación ha sido de respeto a las autoridades, de diálogo y discusión franca y sin descalificaciones. Confundir esto con las críticas sin fundamento o los adjetivos insultantes que pueden realizar personas vinculadas a la política, bots o los derechos humanos es poco riguroso.
Es necesario recordar que el INDH es una propuesta temprana de las Comisiones de Verdad sobre desapariciones y ejecuciones como de prisión política y tortura, pero que tardó casi dos décadas en concretarse y lo fue en gran medida, como lo han reconocido diversas autoridades, producto de las luchas, exigencias y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, las que apoyadas en experiencias internacionales y las orientaciones de Naciones Unidas lo posibilitaron.
El INDH según la ley existe para la promoción y defensa de los derechos humanos, debiendo ser objetivo en sus criterios y acciones, lo que no es lo mismo que el rol de los tribunales de deben actuar con imparcialidad. Por eso es una institución que necesariamente será “molesta”. Si dejara de actuar sería criticado por ser inoperante e igual condicionarían su presupuesto.
Es lamentable que los procesos críticos y autocríticos sobre la institucionalidad de los derechos humanos en el país, no tengan la altura de miras como para comprender que la descalificación, la interpretación obnubilada por el resentimiento o la superficialidad no ayudan a sostener una institución “molesta” para el Estado, en tanto debe cumplir con representarle las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos a las autoridades públicas. Lo que estamos viendo es un esfuerzo dirigido a neutralizarla y/o capturarla por otros intereses.